La titular de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, Griselda Figueredo, afirmó que el Estado no tiene la obligación legal de cubrir los déficits de las cajas jubilatorias del país, pese a los antecedentes que muchas veces generaron confusión sobre el rol del Fisco en situaciones críticas.
En comunicación con Radio Monumental 1080 AM, Figueredo explicó que las cajas son entidades autónomas y autárquicas, lo que implica que administran sus propios recursos y son responsables de su sostenibilidad. Por ello –remarcó– no existe un respaldo automático del Estado ante un eventual déficit.
A la consulta de si entra en déficit cualquiera de estas cajas se tiene que pagar con dinero de los contribuyentes, respondió: “No, porque son autónomas y autárquicas, por eso que es importante que se pueda hacer un seguimiento adecuado de esos recursos, de cómo se manejan, ¿verdad?”.
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La superintendenta recordó que el caso de la Caja Bancaria, ocurrido hace más de una década, generó la percepción errónea de que el Estado está obligado a cubrir los déficits de todas las cajas.
“Realmente salió el Estado porque, bueno, porque es una forma de crisis institucional en donde la mitad de las entidades que eran las aportantes, desaparecieron de un día”, remarcó.
Relató que, en consecuencia, el Congreso aprobó una ley que recortó hasta el 50% las jubilaciones y haberes.
“Básicamente, los jubilados no percibían nada porque recuerden que los jubilados bancarios, los bancarios en general, tienen su Caja Bancaria de préstamos, en donde la mitad de sus ingresos va al pago de sus préstamos, y con la otra mitad viven. Bueno, y en esa oportunidad la mitad iba al pago de sus préstamos, con la otra mitad (que) se les recortó por ley”, recordó.
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Recién cinco años después, una ley permitió que el entonces Ministerio de Hacienda cubriera parcialmente la devolución de aportes.
Posteriormente, otra norma estableció que la propia Caja debía continuar con la devolución restante.
“En esa oportunidad, el Estado contribuyó solo con una parte, pero fueron los jubilados los que asumieron el mayor impacto, con recortes de hasta el 50%”, subrayó Figueredo.
Para reforzar que hoy el Estado no tiene obligación de cubrir déficits, Figueredo mencionó el ejemplo de la Caja Municipal que arrastra un desfasaje de entre G. 10.000 y 15.000 millones para ponerse al día con pagos jubilatorios.
“El Estado no le ha puesto ningún peso”, afirmó, enfatizando que no existe ningún mandato legal que obligue al Tesoro a cubrir estos déficits.
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La superintendenta insistió en que la sostenibilidad de las cajas depende de una correcta administración interna y de un control continuo.
Y que cada Caja es responsable de garantizar el pago a sus jubilados y activos, sin trasladar automáticamente el riesgo al Estado o a los contribuyentes.
Solo en el 2025, la Caja Municipal acumuló una deuda de G. 26.538 millones, en tanto que la Municipalidad de Asunción pagó G. 16.500 millones para saldar los cinco meses de deuda con jubilados municipales, mediante fondos del último préstamo aprobado y recursos de la recaudación. Entretanto, otra de las cajas deficitarias es la del sector público, cuyo saldo negativo del 2025 fue de USD 379.363.459, cubierto con excedentes del sector de los funcionarios públicos y con impuestos, por aproximadamente USD 210 millones de los contribuyentes.
Actualmente, se encuentra en debate una propuesta de reforma presentada por el Poder Ejecutivo.
Comienza el control de la Caja Municipal
La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones comenzó los primeros acercamientos con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, actualmente en situación crítica. Según explicó la superintendenta Griselda Figueredo, el titular de la entidad ya fue convocado y recibió indicaciones específicas con plazos para su cumplimiento.
“Se le han dado determinadas indicaciones con plazos y esperamos que ellos vayan cumpliendo. Vamos a hacer un seguimiento muy de cerca a esa caja”, afirmó en comunicación con Monumental 1080.
La Caja Municipal enfrenta una crisis financiera desde hace aproximadamente dos años, llegando a una situación más grave en el 2025, donde se acumularon cinco meses de atrasos. En diciembre último, el intendente de Asunción, Luis Bello, anunció el desembolso de G. 16.500 millones para saldar “cinco meses” de deuda con jubilados municipales, mediante fondos del último préstamo aprobado y recursos de la recaudación.
Por otra parte, Figueredo anticipó que esta semana la Superintendencia emitirá sus primeras resoluciones dirigidas a todas las cajas previsionales. Entre las exigencias estarán la presentación de balances, informes de auditoría y los últimos estudios actuariales, insumos que permitirán realizar una evaluación integral del sistema. “Creemos que en dos a tres meses vamos a tener una radiografía de lo que es el sistema en sí”, señaló.
