La diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo, anunció que en, aproximadamente, 15 días se tendrá conformada la comisión especial para futuras intervenciones a administraciones municipales de todos el país.
No consideró que este proceso sea para “darle un respiro” a Sandra McLeod, actual intendenta de CDE, sino que es el procedimiento que se debe ejecutar.
Esto lo decidió en la mañana de este lunes, tras una reunión con la mesa directiva de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a raíz del pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Vallejo aclaró que el objetivo es dejar establecido un procedimiento para intervenir cualquiera de los municipios del país, y comentó que el caso de Ciudad del Este no es el único y que tienen más pedidos de varias localidades del Departamento de Ñeembucú.
“El objetivo es establecer un procedimiento uniforme para las futuras denuncias que se puedan dar”, refirió.
Agregó que, antes de fin de año, ya se contará con el dictamen y la conformación del equipo, pero que es necesario analizarlo antes con todas las bancadas.
De esta manera, se va dilatando el pedido de intervención que presentaron los concejales de Ciudad del Este al Poder Ejecutivo, y este a su vez a la Cámara Baja.
Marchas en CDE
Mientras tanto, en la capital del Departamento de Alto Paraná, un grupo de ciudadanos autoconvocados se movilizó y anunció un paro general para este miércoles, exigiendo que el Tribunal de Cuentas no sea la instancia encargada de intervenir la Comuna.
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Los manifestantes aseguraron que no permitirán el ingreso del Tribunal ni de la Fiscalía a la sede municipal. No confían en la transparencia de ambas instituciones y dicen que siempre logran blanquear las actividades ilícitas del clan Zacarías.
Este lunes, otro grupo de manifestantes se instaló frente a la Fiscalía, mostrando su apoyo al clan político familiar. Este grupo sostiene que la intervención al municipio es innecesaria porque no se encontrarán irregularidades y que, por el contrario, se paralizarán las actividades durante varios meses, lo que perjudicaría a la ciudadanía.
