EFE
Este proyecto de ley busca reconocer y regular la labor de los voluntarios y garantizar la transparencia de las ONG en el trato a sus colaboradores.
El documento está desde octubre a la espera de la creación de una comisión de estudio en la Cámara Alta, para después someterlo a votación, y ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, donde ingresó en septiembre de 2016.
Fuentes de Arovia, programa de coordinación del voluntariado de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), comentaron a Efe que la idea de impulsar esta normativa surgió hace cuatro años de la mano de unas treinta organizaciones de voluntarios que trabajan en Paraguay.
Su objetivo era que se regulen por ley los derechos y las obligaciones, tanto de los voluntarios como de las organizaciones, ya que Paraguay carece, por el momento, de legislación al respecto.
La coordinadora de voluntariado de WWF Paraguay, Vanessa Penayo, aseguró que “15 países de la región ya cuentan con una ley del voluntariado, pero Paraguay es uno de los pocos que no tienen”.
Con esta ley, las personas que prestan su tiempo al voluntariado tendrían que recibir capacitación, insumos, reembolso de los gastos que implique su labor, póliza de seguro o información de la actividad que realizarán, entre otros aspectos.
Asimismo, la futura normativa también obligaría a establecer un registro de voluntarios y prohíbe expresamente que el voluntariado se considere “sustituto de la actividad laboral por la cual se percibe salario”.
En este sentido, Penayo destacó que “el voluntariado no es un trabajo, una pasantía ni un servicio civil, hay que aclarar eso y evitar esa clasificación”.
En la misma línea se pronunció el director de voluntariado de Cruz Roja, Arturo Ojeda, “algunas organizaciones y empresas privadas se aprovechan” de la labor de los voluntarios e insistió en que “no es una pasantía”.
La futura normativa también obligaría a los voluntarios a cumplir con los compromisos, mantener la confidencialidad, rechazar cualquier ofrecimiento de lucro e informar con antelación de su desvinculación con la organización.
En lo referente a las ONG, estas podrán seleccionar a los voluntarios que necesitan al igual que desvincularlos justificadamente, y estarán obligadas a reembolsar los gastos, contratar seguros o garantizar buenas condiciones de trabajo.
Penayo señaló que de esta manera “las organizaciones van a estar obligadas a registrarse”, ya que la normativa también contempla la creación de un Consejo Nacional del Voluntariado, lo que permitirá “articular esfuerzos a nivel nacional”.
Para visibilizar el trabajo de los voluntarios, el Grupo Impulsor ha convocado una “marcha digital” para este martes 5 de diciembre con la que invitan a todas las personas involucradas en tareas de voluntariado a compartir fotos de su sombra en las redes sociales.
Ojeda descarta que esta iniciativa vaya a acelerar los trámites parlamentarios, pero cree que servirá para que los legisladores sean conscientes de que “hay mucha gente detrás de esto y no solo 30 organizaciones.
