Representantes de los principales gremios del sector industrial paraguayo expresaron el jueves pasado su preocupación por una serie de desafíos que afectan la economía del país, durante una reunión convocada por la UIP. Los participantes coincidieron en que la falta de gestión efectiva y de voluntad política está obstaculizando el desarrollo nacional, y advirtieron que Paraguay se encuentra en un “punto de quiebre” que requiere decisiones técnicas e inmediatas por parte del Gobierno.
Entre los temas centrales discutidos figuró el déficit de la Caja Fiscal, que en el actual ejercicio fiscal ya supera los USD 300 millones, lo que implica un consumo significativo de recursos del presupuesto público. Los gremios reclamaron mayor celeridad en la reglamentación de la Ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones para abordar esta problemática.
Otro foco de inquietud fue la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), donde se destacaron deudas pendientes con el sector farmacéutico y dificultades en el fondo de enfermedad y maternidad. En este contexto, se propuso revisar el uso de los fondos jubilatorios como instrumento para el desarrollo, siempre bajo criterios técnicos estrictos.
En cuanto al Ministerio de Salud, los industriales señalaron la falta de recursos para atender patologías de alta complejidad, así como un pasivo acumulado con la industria farmacéutica y proveedores de insumos médicos, lo que agrava la crisis en el sistema de atención sanitaria.
La deuda del Estado con proveedores también fue un punto crítico, afectando especialmente a sectores como la construcción y la producción de alimentos. Los atrasos, que superan varios cientos de millones de dólares, generan un efecto dominó en la cadena de pagos y comprometen la estabilidad financiera de las empresas. Ante esto, los gremios demandaron previsibilidad, un sinceramiento de la deuda interna y del déficit operativo, y el cumplimiento estricto de contratos, incluyendo el pago de intereses por mora.
El modelo energético recibió fuertes críticas, con rechazo a posibles aumentos selectivos de tarifas por sectores específicos, sin planes claros para financiar la reducción de pérdidas y el robo de energía. Los participantes exigieron tarifas previsibles basadas en criterios técnicos, sin subsidios, una mejora en la calidad del servicio y un incremento inmediato en las inversiones en infraestructura eléctrica, ante el riesgo inminente de agotar la capacidad de generación existente.
La inseguridad jurídica emergió como un tema transversal, con denuncias sobre sanciones arbitrarias e infundadas por parte de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), trabas y extorsiones municipales a nuevas inversiones, y acciones del Ministerio Público que contradicen el sentido común en casos de ocupaciones ilegales de tierras. Según los gremios, esta combinación de factores genera incertidumbre, desalienta la inversión, reduce la competitividad y erosiona la confianza en las instituciones.
