Roa señala que es la misma Corte Suprema la que permite que no avancen los expedientes al facilitar las estrategias de los defensores de los procesados por corrupción pública. No quedan en prisión y, a su vez, tampoco devuelven el dinero desviado o malversado.
“Estamos ante una crisis hoy porque las personas condenadas por corrupción no van más a la cárcel ni devuelven lo robado”, manifestó la abogada.
Hay tres casos más conocidos de condenados por corrupción que lograron la libertad. El último es Hugo Javier, quien al cumplir la pena mínima, que es de seis meses, obtuvo la libertad ambulatoria y salió de Tacumbú. Esto luego de que el Tribunal de Sentencia hiciera lugar a la revisión de medidas, tras la sentencia que recibió de 10 años de prisión y que su defensa recurrió. El hecho corresponde porque el artículo 19 de la Constitución Nacional dice que en ningún caso la prisión preventiva se prolongará por un tiempo mayor que el de la pena mínima. El problema es que el ex gobernador logró este beneficio por tener recursos, mientras otros miles siguen en la cárcel sin condena.
“Es una joda nuestra Justicia. El 70% de las personas privadas de su libertad no tienen condenas firmes, están con medidas o con una condena; como el caso de Hugo Javier hay muchísimos, con la salvedad de que esas personas no salen, están ahí en la cárcel pagando su culpa, esperando que se confirme y quede firme su condena”, manifestó.
El segundo caso es similar e involucra a Óscar Venancio Núñez, ex gobernador de Presidente Hayes. También compurgó el mínimo de su condena de 11 años y ofreció una fianza de aproximadamente G. 53.000 millones. Estuvo solo un año en la cárcel.
El tercer caso es el ex rector de la UNA, Froilán Peralta, quien cumple su condena en prisión domiciliaria. Esta situación es diferente porque sí tiene una condena firme, pero la Justicia le dio un trato preferencial cuando argumentó problemas de salud. “Abre una ventana peligrosa, de aplicar esos mismos conceptos para otros casos similares”, subrayó Roa.
La crisis es muy grande, pero imperceptible para la gente, dice la abogada, que señala que además hay casos muy sonados a punto de prescribir. “En los últimos años yo detecté 14 expedientes de corrupción de alto voltaje que prescribieron y pedí a la Corte auditoría, pero bueno, hago lo que puedo”, lamentó.
Puerta cerrada. Roa forma parte de una organización que vigila a la justicia. Actualmente controla más de 100 expedientes incluyendo denuncias sin imputación. Destaca que desde que asumió Emiliano Rolón, el Ministerio Público les cerró las puertas. No pueden hacer seguimiento de casos como “la pasarela de ñanduti”, los “pupitres de oro” o el del diputado Orlando Arévalo, porque el fiscal general no permite dar datos en etapa investigativa.
“Y cuando ya hay imputación, lo que tenemos es que no hay política criminal del Poder Judicial que diga que estos casos emblemáticos de corrupción van a tener un tratamiento especial para poder aleccionar a los corruptos. Todo lo contrario, la propia Corte está facilitando la estrategia de la defensa para que un expediente no avance”, lanzó.
Roa apunta que la Sala Constitucional es en sí “un acto criminal”. Explica que esta institución pide los expedientes a los juzgados, penales o de garantías, para que no se lleve a cabo la audiencia preliminar que es un paso para llegar a la etapa de juicio oral.
Entonces, el Juzgado no puede hacer la audiencia preliminar porque no cuenta con estos expedientes que están en la sala constitucional. “Ocurre también en los casos en donde se tiene que sustanciar un juicio oral y público, también la sala constitucional pide los expedientes y al pedirlos, el tribunal ya prácticamente dice ‘no puedo desarrollar porque no tengo los expedientes’”, reclamó.
