27 feb. 2026

Condenada, junto con ex ministros de Agricultura, ya cumple su pena

La condenada por el desvío de G. 68.000 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Maristela Azuaga, ya cumple su pena de 10 años de cárcel. La jueza de Ejecución, Lidia Wyder, estableció el cómputo definitivo de la pena impuesta, que la compurgará el 3 de diciembre de 2032.

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Condenados. Los ex ministros de Agricultura Enzo Cardozo y Rody Godoy, junto a Maristela Azuaga, en el juicio oral donde los condenaron.

Foto: Archivo ÚH

Maristela Azuaga, ex directora de Administración y Finanzas del MAG, fue condenada, junto con los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, pero era la única que no cumplía con su condena, por acciones pendientes ante la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, ahora, tras quedar firme el fallo, la jueza había librado orden de captura en su contra, por lo que Azuaga se presentó el pasado 17 de julio ante la Comisaría 12ª, de Asunción, y la remitieron al penal del Buen Pastor.

Esto fue informado a la magistrada que levantó la orden de captura en su contra y dictó la resolución, por la cual realizó el cómputo de la pena, a más de las fechas en que puede tener beneficios legales.

La magistrada hizo el cómputo definitivo de la pena de 10 años, la que será compurgada el 3 de diciembre de 2032. Además, cumplirá con la mitad de la pena el 3 de diciembre de 2027, con lo que podrá solicitar el beneficio de las salidas transitorias.

Igualmente, alcanzará las dos terceras partes de la condena el 3 de julio de 2029, cuando tendrá derecho a solicitar la libertad condicional, si cumple con los requisitos legales.

Para el cómputo de la pena, tuvo en cuenta que Azuaga ya estuvo con arresto domiciliario desde el 23 de enero de 2023, lo que se descuenta de la pena principal, ya que constituye una privación de libertad.

Los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, y la ex directora administrativa Maristela Azuaga fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

En el caso, incluso la Procuraduría General de la República inició el proceso de reparación del daño, con el fin de recuperar el monto del desvío de G. 68.000 millones.

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