Tres personas fueron condenadas a cuatro y dos años de cárcel por invasión de inmueble y perturbación de la paz pública, por hechos que vienen ocurriendo desde el 2021. Estas habrían incitado a otras 200 personas a ingresar con “violencia y clandestinidad” a una propiedad de 20 hectáreas, en la ciudad de Areguá.
Shirley Daihana Maciel inició una comisión de nombre Asentamiento Mbocajaty, en donde Diego Alberto Florentín, alias Patolé, era el vicepresidente y Cecilio Álvarez Giménez un integrante.
Estos tres empezaron a juntar personas para ingresar a la Finca Nº 36, que tiene siete hectáreas y a la Finca Nº 1176, con trece hectáreas, ubicadas entre Villa del Maestro y la compañía Costa Fleitas, de la ciudad de Areguá. Ambas son propiedades de Losnardi Raul Colmán Fernández, quien no sabía nada.
Pedían dinero y mostraban supuestos planos
Se comprobó que los hoy condenados pedían entre G. 300.000 a G. 1.000.000 semanal a los ocupantes, para asignarles un tercio de las tierras, diciéndoles que eran supuestamente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y que para seguir gestionando la posesión debían seguir abonando sumas de dinero. Incluso, les mostraban planos, aparentemente falsos.
La condición era que debían instalarse de forma inmediata, según demostró en el juicio el fiscal Rolando Paiva.
Estos ocupantes comenzaron a realizar corte de pastizal, tala y quema de árboles; e instalaron varias viviendas precarias, hechas de maderas lisas, bolsas negras y chapas.
Incluso, ya habían sido desalojados por pedido de la Fiscalía, pero volvieron a ingresar a la fuerza en el 2022.
El señor Leonardi Raúl Colmán intentó en varias oportunidades hablar con los invasores, pero todos fueron intentos fallidos.
Según la acusación fiscal, “era obligado a salir de la propiedad por Shirley Maciel, Diego Florentín y Cecilio Álvarez, junto con una turba de personas, todos portando palos y machetes, siendo amenazado y coaccionado por los invasores, poniendo en peligro la integridad física del propietario del inmueble”.
Los invasores se negaban a salir, ya que asumieron los gastos de medición del terreno, de la instalación clandestina de electricidad y de agua.
Finalmente, el Tribunal de Sentencia condenó a Shirley Daihana Maciel y a Diego Alberto Florentín a cuatro años de cárcel, mientras que Álvarez recibió dos años, con suspensión de la ejecución de la pena.
