El Tribunal de Sentencia, integrado por Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera, debe determinar si condenar o absolver a Óscar González Daher y a su hijo, Óscar González Chaves, tras el término del juicio.
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Cerca de las 13 horas culminó el juicio oral para los procesados, y los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera, ingresaron a deliberar con respecto a los cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
El juicio oral se inició a finales del mes de febrero, por lo que son seis meses de juicio oral, donde declararon unos 30 testigos, pero la mayor parte del juicio oral se basó en las pruebas documentales con respecto a los movimientos financieros de los acusados, y de la firma Príncipe Di Savoia.
La defensa de los González había pedido la absolución de culpa y reproche durante la etapa final del juicio oral.
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera por su parte solicitaron 10 años para los condenados, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo para ambos.
Asimismo, pidieron el comiso especial para el ex senador por la suma de G. 5.826.062.260, y con relación al hijo, el concejal luqueño, se requirió un monto de G. 50.999.359.784. El total de lo requerido es de G. 56.825.422.044.
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EEUU demostró estar pendiente del caso, ya que el asesor legal residente del Departamento de Justicia de ese país, Brian Skaret, asistió al juicio en compañía de la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez.
El caso
Óscar González Daher fue uno de los primeros políticos paraguayos declarados como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El juicio oral ya lleva casi seis meses y, en su mayor parte, se presentaron pruebas documentales y pericias, teniendo en cuenta los delitos investigados, más de índole económico.
González Daher renunció a su banca en la Cámara de Senadores, a fines de agosto, ante las protestas frente a su vivienda. Estaba siendo investigado por el caso de la inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA.
La inmobiliaria salió a la luz en una investigación de Última Hora en el 2010. Figuraba como titular de varias propiedades en estado de evasión de impuestos. La firma estaba compuesta por el ex senador luqueño, más sus hijos Rubén y María Emilia, así como el juez Juvencio Torres.
