Las elecciones municipales fueron participativas. Sin embargo, la democracia no se agota en las urnas; exige un compromiso institucional, social y cultural permanente. Tras los comicios, los intendentes y concejales electos deben asumir la responsabilidad ética de fortalecer las instituciones, respetar las leyes y, sobre todo, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En las últimas elecciones municipales los comicios se llevaron a cabo en un total de 263 municipios de todo el país. En la jornada electoral estuvieron en juego un total de 5.927 cargos públicos, de los cuales 263 eran de intendentes y el resto de miembros titulares y suplentes de las juntas municipales. Según los datos del Tribunal Electoral, un total de 5.043.154 de electores estuvieron habilitados, de los cuales participaron casi el 60% (58,90%). Se instalaron de 14.711 mesas receptoras en 1.187 locales de votación.
Estos datos hablan de un movimiento electoral intenso, coordinado por la Justicia Electoral, cuya infraestructura y logística se empleó para la jornada comicial.
De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, oficializaron candidatura 259 organizaciones políticas, de los cuales fueron 32 partidos políticos, 21 movimientos y 206 alianzas electorales. Se inscribieron casi 19.000 postulantes.
Así, los datos reflejan también una interesante participación en el ejercicio cívico del voto y en las candidaturas a cargos, los cuales son elementos de la democracia. Sin embargo, además del voto y las elecciones periódicas, la calidad y el crecimiento de la democracia dependen de más factores institucionales, sociales y culturales que deben apuntar al bien común.
Después de las elecciones, la responsabilidad ética de las autoridades electas es primero que nada fortalecer las instituciones, en el marco del cumplimiento de la Constitución, haciendo realidad el sistema de pesos y contrapesos donde los poderes operen con sana independencia, pero a la vez, bajo el control ciudadano.
En el Paraguay es fundamental seguir insistiendo en la necesidad de fomentar la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas de las autoridades electas sobre el uso de los recursos públicos; y de la misma manera, el castigo efectivo a la corrupción.
Lastimosamente, la participación ciudadana que se activa en las elecciones, no suele tener vías sencillas de continuidad en el resto del tiempo, incluso se sabe y se discute poco en espacios comunitarios sobre los proyectos de mejoras y el uso de los recursos públicos. Esta participación ciudadana podría ser al mismo tiempo una forma de asegurar la transparencia y la eficiencia en la gestión de las autoridades.
Los gobernantes electos deben ser garantes de los derechos fundamentales y promover la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Hacer comunidad es prioritario para sostener los principios básicos de la república en un marco pluralista; y debe ser una de las medidas más importantes para asegurar la consecución del bien común.
Son la sociedad y sus valores los que deben ser fortalecidos, redescubriendo a esta generación los principios de vida que sostienen históricamente al Paraguay, a pesar de los vaivenes políticos y económicos.
La política se nutre de la sociedad. Las instituciones y sus estructuras se apoyan en la vida familiar y del vecindario. Por ello el gran ejercicio democrático diario es saber convivir unos con otros, sin renunciar a la búsqueda de la verdad, y a la maduración cívica, mediante el ejercicio cotidiano de las libertades y el respeto mutuo.
Los intendentes deben tener presente también que el desarrollo parte del respeto a la vida humana en todas sus etapas y del respaldo ciudadano al proyecto de vida de cada familia que integra la comunidad, y la calidad de vida de éstas.
En este sentido, es clave fomentar la educación cívica, enfocada en el desarrollo integral de las personas por la vía del autodominio personal en el ejercicio de la libertad.
Cada ciudadano debe tener la posibilidad de ejercitarse a diario en el cumplimiento de los deberes y el usufructo de los derechos, así como el pensamiento analítico y la deliberación pacífica, sumados hoy a una correcta alfabetización digital para el acceso y la producción de información fiable.
Las personas, especialmente las más vulnerables, deben ser el centro de las políticas municipales para el bien común.
