El juez Humberto Otazú fue recusado este lunes por la defensa de los procesados en el marco de presuntas irregularidades en el manejo de juegos de azar, según informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.
Entre los acusados se encuentran José Antonio Ortiz Báez, Ricardo Núñez, Carmen Alonso, Osmar Mongelós y Rubén Rousillon, integrantes del Consejo de Administración de Conajzar; y Álvaro Wasmosy Carrasco, dueño de la empresa que ganó la licitación para la explotación del juego de azar denominado Quiniela.
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Los hechos imputados son lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción para los ex funcionarios públicos, en tanto que el empresario Wasmosy fue acusado por declaración falsa.
Los senadores Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez y Jorge Querey habían presentado una denuncia innominada por una presunta evasión y sospecha de lavado de dinero en la asignación de la Quiniela y el otorgamiento de licencias irregulares para la explotación de máquinas tragamonedas.
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El Ministerio Público sostiene que se constataron muchas irregularidades en la concesión e incluso rebaja en el costo del canon para la Quiniela.
Con respecto al control del funcionamiento de tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando que por ley, debería ser potestad de las municipalidades.
De acuerdo con una adjudicación directa, sin licitación o llamado a contratación por parte de Conajzar, la empresa iCrop SA era la firma encargada de realizar la fiscalización correspondiente.
