Es un significativo error intentar resolver la actual epidemia de violencia aplicando controles policiales aleatorios, barreras y mayor presencia policial. Puede que a una parte de la ciudadanía le parezca una buena solución coyuntural, pero no dejará de ser eso: una medida paliativa, o aún peor, una curita en una herida grave.
Es hora de que las autoridades acepten que esta situación que se ve como descontrolada es la lógica consecuencia de una falta absoluta de políticas públicas que encaren el complejo problema de manera interdisciplinaria e interinstitucional.
Basta repasar algunas de las propuestas del designado futuro ministro del Interior: pretende triplicar la cantidad de oficiales del equipo Lince, los cuales pasarían de 650 a más de 1.800; control de documentos de identidad en forma aleatoria, pero, sobre todo, arbitraria ya que los motivos paras requerir al ciudadano su cédula quedarían a criterio de la policía, siempre que consideren a una persona “sospechosa”. Se había anunciado asimismo el proyecto de campaña Chau Chespi, una idea que se basa fundamentalmente en la equivocada premisa de que la criminalidad en nuestras ciudades es culpa de los adictos que cometen robos de oportunidad para poder comprar sus drogas y así seguir consumiendo. Conviene recordar en este momento que, cuando Riera fue intendente de Asunción (2001-2006), impulsó la Ordenanza 114/03, conocida como Edicto Riera, que estableció horarios a los locales nocturnos, además de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a partir de las 2 de la mañana. El edicto no resolvió problema alguno, pero favoreció la suerte de mudanza del problema de inseguridad, más allá de la avenida Madame Lynch.
Nuestro país necesita y con urgencia que sus autoridades electas y sus funcionarios se enfoquen en diseñar políticas públicas que encaren el complejo problema. Queda claro que los consumidores de crac no son responsables de la ola de violencia, sino los grandes traficantes de droga así como los distribuidores y proveedores. Si un traficante preso en el Brasil logra mantener casi intacta su estructura criminal en nuestro país, contando evidentemente con la complicidad de parte de la estructura de las instituciones, como es el caso de Jarvis Chimenes Pavão, por qué le hemos de culpar de la violencia y la inseguridad a un joven adicto que vive en un país que no le ofrece ni educación de calidad ni empleo digno y, menos aún, la posibilidad de acudir a un centro de desintoxicación, porque en el Paraguay prácticamente no existen.
Un gobierno debe gobernar basándose en datos, no en ideas preconcebidas. Como recientemente había informado la Policía Nacional, existen datos que fundamentan la hipótesis de que la violencia urbana está relacionada directamente con el consumo de drogas. Según los datos, nueve de cada diez hechos de violencia son cometidos por menores de 25 años, consumidores de estupefacientes. Se estima que en la capital hay 24.000 jóvenes consumidores de drogas y 70.000 en Central, casi el 90% corresponde a dicha franja etaria.
Esa es una realidad y esos los datos, pero es insostenible el argumento de que el problema sea el adicto y no el proveedor de las drogas. Así pues, en el combate del tráfico deberían estar enfocados los planes de las autoridades en la erradicación de todo tipo de drogas de las calles y los barrios.
El Estado paraguayo tiene demasiadas deudas sociales con la población. Las autoridades deben dejar de hacer promesas populistas que de nada sirven y, en cambio, deben plantear las políticas públicas que sean capaces de dar a la ciudadanía y en particular a los jóvenes el acceso a una educación de calidad, salud pública y empleo digno, en suma, que puedan disfrutar de calidad de vida.
