Una fuerte devaluación del peso por el default ocasionado por los fondos buitre ocasionaría el abaratamiento de los productos, especialmente de la canasta básica familiar en las fronteras. Esto produciría una caída en la venta de productos de comercios paraguayos.
Este problema se intensifica con el contrabando masivo de mercaderías provenientes del vecino país: “Yo parto de la base de que Paraguay tiene muy poco control de sus fronteras”, expresó Manuel Ferreira en Radio Monumental.
Una de las localidades afectadas es Asunción, única capital de Sudamérica que limita con otro país, agregó.
Para el ex ministro de Hacienda, se deben intensificar los controles en la frontera y analizar las reformas aduaneras. Actualmente pueden ingresar mercaderías desde Argentina por USD 150 por persona.
Sin embargo, para el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave), la baja del peso no contribuye a un aumento del contrabando, debido a que los comerciantes argentinos suben los precios de sus productos cuando se registran devaluaciones, según el director de la institución, Jorge Miranda.
“Evitar que los argentinos lleven dólares de Paraguay”
A esto se deben sumar medidas alternativas administrativas para frenar el drenaje de dólares que se da cuando los argentinos vienen al país a llevarlos. Esto se puede enfrentar también desde el sector privado, con un mayor costo en las transacciones, es decir, para los argentinos que retiren dinero en Paraguay a través de sus tarjetas de crédito o débito.
“En la medida en que lo que cobra la procesadora de la tarjeta sea más alta, va a desalentar este tipo de operaciones”, explicó Ferreira.
A través de la emisión de bonos soberanos, Paraguay podría llegar a tener una reserva de USD 1.000 millones que el Banco Central del Paraguay (BCP) que podría utilizar para pelear por un tipo cambiario razonable del dólar y de esta forma disminuir el incentivo para la compra de dólares por parte de los extranjeros.
El Gobierno argentino agotó el miércoles el plazo de 30 días para cumplir con los acreedores de deuda reestructurada sin alcanzar un acuerdo con los fondos buitre, que obtuvieron un fallo favorable en Estados Unidos a su reclamo de USD 1.500 millones por deuda en mora desde el cese de pagos en el 2001.
El Ejecutivo de Cristina Fernández no reconoce la suspensión de pagos y reitera que Argentina cumplió con sus obligaciones financieras con los acreedores de la deuda reestructurada y, por tanto, la responsabilidad de que no hayan recibido el pago recae en el juez estadounidense Thomas Griesa, según EFE.
