La denuncia es contra el esquema de tráfico ilegal de estos residuos, que mueve millones de dólares al año, ante la ausencia de control de parte del Estado, sobre todo, en las ciudades fronterizas.
Además de los responsables que deben ser identificados, la denuncia expone (principalmente con base en publicaciones periodísticas) cómo la estructura que está detrás de estos envíos ilegales al Brasil sortea sin ningún problema varios puntos de controles de instituciones, como la Policía y la Fiscalía, ubicados a lo largo de las distintas rutas que van desde las zonas de las chatarreras ilegales, asentados en el Departamento Central y en la zona de Alto Paraná, a zonas como Pedro Juan Caballero, en Amambay, y Pindoty Pora, en Canindeyú, para ser llevados al vecino país.
Esta denuncia no solo pone de relieve esta actividad ilícita que ha estado ocurriendo a lo largo de los años, sino que también destaca el grave impacto económico que esta práctica ha causado en la región. Se estima que millones de dólares han sido evadidos del sistema económico local, perjudicando a industrias legítimas y afectando la recaudación fiscal.
La repercusión de este contrabando no solo se siente a nivel macroeconómico, sino que también afecta a pequeñas empresas y trabajadores que están a la espera de un entorno comercial justo y regulado.
Además del daño económico, la denuncia aborda preocupaciones ambientales críticas. El manejo irregular de desechos, específicamente chatarras, como cobre, aluminio y plásticos, que han generado un impacto ambiental severo que aún no se ha dimensionado completamente.
La falta de controles adecuados permite que estos materiales, que deberían ser gestionados de manera responsable, terminen contaminando el entorno, afectando la salud de las comunidades y los ecosistemas locales.
El escrito también resalta publicaciones realizadas por este medio, que mencionan el modus operandi de estas estructuras, que “cruzan la frontera con camiones transportando cobre y aluminio, ‘engañando’ a las autoridades de control al poner arriba el plástico y abajo llevar los preciados metales”.
“Son camiones que aparentan transportar simples desperdicios de plástico, precisa, pero en realidad están traficando desechos evidentemente mucho más valiosos de aluminio y cobre, en donde cada carga transportada vale más de 1.000 millones de guaraníes, que pasan al Brasil sin pagar un solo impuesto y evadiendo en Paraguay el pago por IRP, dado la ilegalidad en la que trabajan”.
Sobre un estimado de movimiento que estarían realizando estas organizaciones delictivas, el documento presenta una ecuación que muestra más o menos esos valores. “Si calculamos 40 camiones por mes, el tráfico ilegal estaría moviendo G. 40.000 millones mensuales y anualmente la cifra supera los G. 400.000 millones, alimentando así todo tipo de operaciones ilegales, más actos de corrupción de funcionarios públicos. La estructura supuestamente es manejada por ciudadanos brasileños que viven y operan indistintamente en Ciudad del Este, Hernandarias, Saltos del Guairá, como en Foz de Yguazú”.
La denuncia también resalta que “el Paraguay ha ratificado el convenio por Ley Nº 567, que aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”.
Es decir, Paraguay ha asumido compromisos internacionales que están siendo incumplidos por la falta de control de estos desechos de cobre y aluminio, por lo que se exige una lucha frontal contra estas organizaciones criminales y el combate al contrabando.
