Las activistas de la organización Panambi piden reunirse con el presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, para expresarle su preocupación acerca de cómo trabaja la jueza Cinthia Garcete con respecto al homicidio de Andrea González.
La joven transexual de 20 años de edad fue asesinada a balazos en diciembre del año pasado en Ciudad del Este.
Si bien hay una orden de que el imputado por el caso, Narciso Melgarejo Benítez, guarde prisión preventiva, la magistrada lo mantiene con arresto domiciliario. A esto se suman las amenazas que recibe la única testigo del hecho.
“Esto demuestra una total negligencia de la jueza, ya que los principales testigos del hecho, también compañeras trans, reciben constantes amenazas de muerte. Es muy preocupante para el colectivo de personas trans que se cumplan las leyes para que este caso no vuelva a quedar impune, como los 58 casos de asesinatos a personas trans que hasta hoy en día no tienen a los responsables condenados”, expresa el escrito presentado en mesa de entrada de la Corte.
Ante la decisión de la jueza, la Fiscalía reiteró su pedido ante la Cámara de Apelaciones que, a su vez, resolvió que Melgarejo sea enviado a prisión. Pero, hasta el momento, la medida no se cumple.
La comunidad lamenta que se viole el artículo 245 del Código Procesal Penal que establece que en casos de crímenes no se podrán otorgar medidas alternativas o sustitutivas al encarcelamiento.
