La directora general de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República (CGR), Gladys Fernández, indicó en un contacto con radio Monumental 1080 AM que hasta el momento se encuentran aguardando los informes de la Municipalidad de Asunción.
El órgano contralor emplazó a la Comuna hasta este viernes para presentar información detallada sobre las operaciones de contrataciones realizadas con los fondos de los recursos institucionales bajo el objeto del gasto 831 de Aportes a Entidades con Fines Sociales.
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La solicitud incluye compras realizadas de marzo de 2020 a enero de 2021, durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez, en la pandemia del Covid-19.
“Hasta hoy, por lo menos, la información que estoy teniendo es que no estamos teniendo respuestas”, afirmó la directora.
Gladys Fernández indicó que se estarán analizando los documentos una vez que sean remitidos por el Municipio capitalino, sin embargo, sobre el punto acotó que “el primer contralor por esencia es la Junta Municipal” y que por este motivo también se solicitó resoluciones del cuerpo legislativo.
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La Municipalidad de Asunción dio a conocer de forma parcial las facturas de los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y diciembre, en las que se encontraron inconsistencias y contrataciones a clanes familiares con llamativas empresas precarias adjudicadas por altas sumas.
La presentación de estas documentaciones se dio en cumplimiento a la ratificación del fallo de una jueza del Tribunal de Apelaciones, que ordenó al intendente interino de Asunción, César Ojeda, a transparentar el uso de los recursos durante la crisis sanitaria.
Hace unos días salieron a la luz elevadas compras hechas por la Comuna de Asunción de productos como toallitas desinfectantes a un precio unitario de G. 259.600 y detergente desinfectante a G. 393.800.
Una de las facturas virales fue por la adquisición de saturómetros a un precio de G. 885.000, cuando su valor en el mercado ronda los G. 150.000 por unidad.
