Sobre los últimos hechos relacionados con la presión del Gobierno de sancionar con celeridad la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones, Codehupy dijo que el Estado tiene la obligación de asegurar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, facilitar y asegurar el legítimo derecho a reunirse y manifestarse y además proteger la integridad física de las personas.
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Para la coordinadora “es muy claro que un proyecto de tamaña envergadura no puede ser sancionado sin un debate profundo con todos los actores de la sociedad”.
En ese sentido, reclama que el Senado forzó su propio reglamento interno para dar media sanción en apenas una semana, sin dar posibilidad de debate con las organizaciones que se se mantienen movilizadas.
Al respecto, recuerda que la Constitución Nacional garantiza una democracia representativa, participativa y pluralista, así como el derecho de peticionar a las autoridades de manera individual o colectiva.
Sobre las detenciones, Codehupy advirtió acerca del uso desproporcionado de la fuerza que atenta contra el derecho a la libertad de reunión y manifestación, por un lado, y, por otro, va en contra de la prohibición de torturas y malos tratos.
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“Lejos de asegurar el libre ejercicio de los derechos, la participación en la construcción democrática de políticas públicas y la protección de los y las personas, las acciones del gobierno atentan directamente contra estos derechos consagrados constitucionalmente”, expresa el comunicado.
Las manifestaciones continúan este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde los diputados convocaron a una sesión extraordinaria para sancionar el proyecto de jubilaciones y pensiones.
