Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) solicitaron este jueves a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que capacite a los agentes del Ministerio Público sobre derecho a la protesta social, que se encuentra garantizado en la Constitución Nacional y en instrumentos internacionales.
Asimismo, señalaron que la actuación policial y de la Fiscalía se centró en la detención y apertura de procesos penales de las personas durante las últimas manifestaciones ciudadanas que se registraron y siguen su curso en distintos puntos del país.
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“El reprimir las protestas, sea con violencia o sea con criminalización, no es más que el síntoma de una sociedad que ha fracasado en los intentos de pluralidad y de búsqueda de consenso. El Estado paraguayo, representado por las autoridades, en este caso el Ministerio Público, no puede renunciar a su rol tutelar de proteger el derecho”, indican, a la vez de apuntar a la necesidad de cesar con la criminalización de la protesta social.
De igual manera, citaron y detallaron los artículos constitucionales, instrumentos internacionales, así como las observaciones ya emitidas por órganos de control convencionales hacia el Estado paraguayo, justamente por ser un Estado que, de manera recurrente, sanciona a quienes ejercen este derecho.
“Le solicitamos pueda arbitrar los medios para ilustrar acabadamente a los fiscales del Ministerio Público sobre los derechos que asisten a las personas que se manifiestan y, consecuentemente, cesar con actos que claramente configuran una criminalización de la protesta social”.
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El documento presentado hace hincapié en que castigar a la ciudadanía por defender sus legítimos derechos, sobre todo en el peor momento de la pandemia, en el que todos y todas buscan mejorar sus condiciones de vida, es contrariar el espíritu de la Constitución Nacional.
