La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) emitió un comunicado para pronunciarse en contra de la represión y la criminalización de quienes reclaman sus derechos, respecto a los últimos desalojos y hechos de violencia de las autoridades policiales contra campesinos y comunidades indígenas.
“Observamos con creciente preocupación el recrudecimiento de la política de desalojos forzosos y criminalización de la lucha por la tierra impulsada por el Gobierno, que ya en el año 2021 alcanzó niveles de violencia significativos que hicieron de esta práctica violatoria de un conjunto amplio de derechos humanos, objeto de un escrutinio internacional que tiene en la mira al Estado de Paraguay”, alertan desde la organización.
En ese sentido, cuestionan los hechos recientes acontecidos en la comunidad de Tembiaporã, Departamento de Caaguazú, donde durante un desalojo quedaron campesinos heridos, y una decena de personas detenidas, entre ellas nueve mujeres campesinas, una en periodo de lactancia que fue separada de su bebé y las demás, de sus hijos e hijas menores de edad.
Asimismo, recuerdan la situación de las personas de la comunidad indígena Ka’a Poty, del pueblo Ava Guaraní, ubicada en Itakyry, Alto Paraná, quienes tras volver a sus tierras ancestrales, después de largos meses resistiendo en la Plaza de Armas en Asunción, son hostigadas y reciben amenazas por parte de sojeros brasileños de la zona.
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También señalan la situación de la comunidad indígena Hugua Po’i, distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú, atacada con permanentes amenazas de desalojo de sus tierras ancestrales.
“A todo esto, sumamos la muerte de Édgar Centurión, de 29 años, un joven agricultor que fue asesinado en junio pasado, durante un violento procedimiento policial en la localidad de Edelira, Departamento de Itapúa”, recalcan.
Codehupy alerta que estos hechos son indicadores claros de una situación absolutamente incompatible con las obligaciones nacionales e internacionales del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Mencionan que tales situaciones ya fueron señaladas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a hechos análogos en diversas oportunidades a comienzos del presente año.
“En este sentido, rechazamos y condenamos el accionar del Gobierno en estos casos, que siempre ante las disputas sobre la tenencia de la tierra busca criminalizar y violentar a las personas propietarias ancestrales de las mismas y a las verdaderas personas sujetas beneficiarias de la Reforma Agraria, sin plantearse la cuestión desde una óptica económica y social, ni abordar el problema de fondo: La distribución y la tenencia de la tierra en el Paraguay”, sostienen.
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Hacen un llamado a reanudar el diálogo iniciado con las comisiones de Reforma Agraria, Pueblos Indígenas y Derechos Humanos del Senado, los auspicios de las Naciones Unidas, para abordar los temas ya planteados en su oportunidad y que hacen al fondo de la problemática: Recuperación de tierras malhabidas, adopción de un protocolo para la prevención de desalojos forzosos y regularización jurídica de asentamientos campesinos e indígenas.
La Codehupy junto con las organizaciones firmantes del comunicado exigen parar con los desalojos forzosos, represión, violencias y de criminalización de las personas que luchan contra el acaparamiento de tierras, tanto de organizaciones indígenas como campesinas.
Piden, también, la liberación inmediata de las mujeres privadas de libertad en la localidad de Tembiaporã, la revinculación con sus hijos e hijas y la posibilidad de poder amamantar a su bebé en condiciones adecuadas y dignas.
Además, exhortan a que se realice una pronta investigación en el caso de la muerte del joven agricultor y que la misma sea independiente, imparcial y se llegue a obtener justicia, a modo que no se repita este tipo de hechos.
