Para Codehupy, se levantó injustificadamente la medida cautelar que protegía el derecho de las 55 familias indígenas de Hugua Po’i a permanecer en su territorio, mientras continúan los trámites de regularización ante el Instituto Paraguayo del Indígena.
La comunidad se encuentra en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, del Departamento de Caaguazú, donde las familias de la parcialidad Mbya Guaraní reivindican la ocupación de unas 1.021 hectáreas, donde se alimentan de sus cultivos.
El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Cuarta Sala, había prohibido cualquier desalojo o alteración en el inmueble, lo que favoreció el retorno y permanencia de las familias antes desalojadas.
“El levantamiento de esta medida cautelar representa no solo una amenaza a la seguridad y bienestar de estas familias, sino también una evidente violación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional, tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió la Coordinadora.
Considera que esta desprotección responde a presiones y estrategias de grupos empresariales como Tres Palmas, que reclaman las tierras como suyas y que, de acuerdo a Codehupy, fue vinculada a autoridades del Poder Judicial y del ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Mario Vega.
Asimismo, refirió que el pedido de levantamiento de la medida cautelar fue presentado por Alfredo Maggi, miembro suplente de Enrique Berni, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
“Exigimos que el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema de Justicia, tomen medidas urgentes para frenar este atropello. El Estado paraguayo tiene la obligación de actuar con diligencia y en consulta con la comunidad, garantizando sus derechos sobre el territorio”, insistió al respecto la coordinadora que aglutina a varias organizaciones.
Ante la amenaza de desalojo forzoso, Codehupy avisa que permanecerá vigilante, acompañando a la comunidad de Hugua Po’i en la lucha por su territorio.
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Así también, recuerda que recientemente estuvo en el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para supervisar el cumplimiento de sentencias internacionales a favor de las comunidades indígenas. “No puede el Estado ante organismos internacionales comprometerse con los derechos humanos y en paralelo desalojar a la comunidad indígena de Hugua Po´i”, agregó la coordinadora.
A principios de julio de 2022, la comunidad indígena fue desalojada de las tierras por segunda vez en el año, en medio de una aparatosa intervención policial, con una gran dotación de alrededor de 300 uniformados fuertemente armados y con un helicóptero.
La comunidad llevaba más de una década reclamando al Estado la delimitación y titulación del territorio que habita, así como la garantía de una vida digna.
