Un nuevo caso de presunta irregularidad envuelve al polémico caso de intento de prospección geológica del Cerro León, en el Chaco paraguayo, que llevan adelante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Secretaría del Ambiente (SEAM), ante la oposición de pueblos originarios y grupos ambientalistas.
Esta vez, salta a relucir que varias páginas del Relatorio de Impacto Ambiental, que forma parte del Proyecto de Prospección Geológica en el Parque Nacional Defensores del Chaco, elaborado en Diciembre de 2014 por el ingeniero forestal Emilio Solís Grance, en realidad contiene varias páginas que son un calco de un estudio anterior, “1065 motivos iniciales para proteger el Parque Nacional Defensores del Chaco”, realizado en 1999 por varias instituciones, entre ellas Desde el Chaco, The Nature Conservance, DPNVS y Usaid.
Expertos ambientalistas hicieron notar que varias páginas del estudio elaborado por el consultor Solís Grance directamente hacen “copy paste” (copiar y pegar) del estudio anterior realizado 15 años atrás, a pesar de que en una declaración jurada se asegura que el técnico había realizado un relevamiento de campo propio y actualizado.
“Declaramos bajo fe de juramento que los datos mencionados en el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, perteneciente al Proyecto Prospección Geológica en el Parque Nacional Defensores del Chaco, corresponden a relevamientos de campo realizados por el Ing. Emilio Solís Grance, consultor ambiental con registro SEAM N° 1-401, al efecto de la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental”, dice la declaración jurada firmada por el ingeniero Emilio Solís Grance y por el abogado Daniel González Sosa, director de gestión ambiental del MOPC.
Sin embargo, basta comparar las páginas 12, 13 y 14 del estudio original de 1999, con las páginas 7 a 10 del Estudio de Impacto Ambiental realizado en 2014, para comprobar que son prácticamente los mismos textos, con la misma redacción, que consignan los datos geológicos, de flora y fauna, del entorno del Parque y del Cerro León.
Los abogados que asesoran al pueblo originario ayoreo, quienes se oponen a la depredación del Cerro León, confirmaron que han accedido a los dos documentos, los cuales están analizando, y no descartan acudir a la Justicia, ya que lo consideran una irregularidad.
El propósito gubernamental de realizar una prospección geológica del Cerro León, para una eventual explotación de piedras en la construcción de carreteras, es rechazado por el pueblo ayoreo y por organizaciones ambientalistas que temen la depredación de un recurso natural único en la región.
