La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Fiscalía, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Policía Nacional pusieron en marcha la Operación Berilo 2.0-Dismember en la mañana de este viernes en Ciudad del Este, del Departamento de Alto Paraná, informó el periodista de Última Hora Édgar Medina.
Un equipo de fiscales, liderados por Lorena Ledesma, realizó varios allanamientos a empresas y constituciones a estudios contables que están vinculados al supuesto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña, cuya organización criminal fue desarticulada a fines de 2018 en el marco de la Operación Berilo.
Los procedimientos fueron realizados para recabar evidencias y elementos que sirvan para profundizar la investigación en cuanto al sistema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que estaba siendo empleado en el corazón comercial de la triple frontera, según los investigadores.
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Los sitios allanados esta jornada formarían parte de la red de clientes y proveedores de la firma NEOS Import Export SA, que a su vez está vinculada al presunto narco, informó el Ministerio Público. La misma ya fue allanada en 2018.
De acuerdo a la investigación fiscal, la empresa NEOS envió a Estados Unidos un total de USD 80 millones y solo importó por USD 400.000 antes del 2016.
En total fueron allanadas 16 empresas y una es propiedad de Dominga Dávalos, madre de Rodrigo Florentín Dávalos, el joven que fue condenado por el doble homicidio de su padrastro Osvaldo y su hermano en defensa de su madre en 2019. Se trata del local 7.7.7 ubicado sobre Carlos Antonio López, en el centro de Ciudad del Este.
También se allanó tres estudios contables, uno de ellos perteneciente al contador Nelson Rivas, localizado sobre la avenida Boquerón.
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Cucho Cabañas se encuentra recluido con prisión preventiva en la antigua penitenciaría de Emboscada por medidas de seguridad. Fue trasladado del Penal de Tacumbú ante informes de un posible atentado en su contra.
Está imputado por los supuestos hechos de tráfico de drogas, provisión de medios de transporte para el tráfico de drogas, asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero.
Fue detenido en setiembre del 2018 en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, durante el Operativo Berilo, llevado a cabo por la Fiscalía y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
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Su causa sigue trabada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso suspender el proceso mientras estudia la acción de inconstitucionalidad promovida por el fiscal adjunto Marco Alcaraz.
La acción es contra la resolución del Tribunal de Apelación que anuló la acusación fiscal porque no adjuntó las pruebas del proceso. Además, dispuso que sea la fiscala general Sandra Quiñónez la que finalmente presente el requerimiento conclusivo en el caso.
En la misma causa también están procesados el diputado Ulises Quintana, un fiscal, un asistente fiscal, varios jefes policiales, entre otros.
