Los ex funcionarios reclaman el cobro de salarios caídos e indemnización, dispuestos por orden judicial, que datan de hace más de dos décadas.
Jorge López sufrió un pequeño corte a la altura de la ceja lado izquierdo y Estelvina Armoa se desmayó por unos instantes durante los incidentes en la protesta de la víspera.
Se trata de un conflicto de larga data. Hubo un acuerdo con el intendente Miguel Prieto que se viene cumpliendo a medias y según la disponibilidad de recursos financieros.
Lucia reconoció que gran parte del total a cobrar ya percibió. Es así que de los G. 75.000.000 que le corresponden, queda en su haber la suma de G. 8.000.000. El cobro es mensual y ahora hace meses que no están percibiendo nada, indicó. Los afectados están aglutinados en el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Ciudad del Este (Sitramucde). Rogelio Núñez, secretario general de Sitramucde, condenó el incidente. “Denunciamos la brutal agresión cometida por las fuerzas de seguridad por instrucciones del imputado Miguel Prieto contra los manifestantes del Sitramucde. Lanzaron inclusive gas pimienta, sin tener atribuciones para ello”, refirió. Anticipó que la protesta continuará en apoyo a los huelguistas de hambre Celso Miranda Kelembu y Arturo Páez frente a la sede del Poder Judicial en Asunción, reclamando celeridad en los procesos penales contra el dos veces imputado intendente Prieto y “el cumplimiento de la imposición de medidas, además del pago de los salarios caídos largamente burlados a los compañeros del Sitramucde”. El gremio llegó a un acuerdo con la institución para el cobro parcelado de salario caído e indemnización por despido injustificado, demostrado en un juicio laboral y confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Los manifestantes forman parte de un grupo de 240 funcionarios despedidos ilegalmente por el entonces intendente Eduardo Ramón Morales. El conflicto se inició cuando miembros de este sindicato fueron a huelga. Morales tramitó la ilegalidad de la huelga, que resultó favorable en primera instancia, pero antes de que quede firme, procedió al despido de más de 400 personas. Esa calificación fue revertida en segunda instancia, por lo que debieron ser repuestos en sus funciones o recibir sus liquidaciones. Esto no ocurrió.
