La semana pasada, un tribunal declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del ex titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, de Guillermo Alcaraz y Marta Benítez Morínigo, procesados por el caso Metrobús, un proyecto multimillonario que quedó en la nada. Los acusados ya pueden ser convocados para la audiencia de imposición de medidas, luego de más de 5 años de haberse presentado la denuncia.
El Metrobús había sido presentado como una gran obra para modernizar y solucionar parte el caótico y colapsado transporte público en Asunción y el área metropolitana, pero resultó en una estafa para la ciudadanía, ya que a pesar de las millonarias primeras inversiones, la obra no logró avanzar y perjudicó a cientos de comercios y emprendimientos sobre la avenida Eusebio Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia, ocasionando pérdidas económicas para el Estado y la población.
Una primera denuncia por lesión de confianza fue presentada en mayo de 2018 por el ingeniero Hermann Pankow, en representación de los frentistas afectados, contra el ex ministro Jiménez Gaona y la ex viceministra de Finanzas de dicha cartera, Marta Benítez. Posteriormente, fue ampliada en setiembre del mismo año, involucrando a más funcionarios.
Otra denuncia penal fue presentada por el senador liberal Salym Buzarquis, también contra Jiménez Gaona y los responsables de los supuestos ilícitos de lesión de confianza y estafa, destacando que la frustrada obra dejó una deuda de 50 millones de dólares al Estado paraguayo, además de que la empresa contratista, Mota Engil, reclama otros USD 18 millones. La empresa solo concluyó 800 metros de los 16,4 kilómetros del proyecto, cobrando USD 21 millones.
Buzarquis había afirmado que los responsables del Metrobús incurrieron en un grave daño patrimonial al pueblo paraguayo, con un proyecto de USD 125 millones por el que Paraguay se endeudó. Del dinero tampoco se sabe mucho y desde el MOPC señalan que como la causa está judicializada, hay que buscar respuestas desde la Justicia.
Perjuicio. Además, el informe final de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el Metrobús arrojó irregularidades constatadas por el equipo de verificadores, entre las que destacan, como impacto negativo, la privación de beneficios económicos que debió darles la obra a los ciudadanos por unos USD 85 millones hasta octubre de 2019.
El MOPC había adjudicado la obra a la empresa portuguesa Mota Engil en febrero de 2016 por G. 300.417 millones, pero el proyecto posteriormente terminó costando G. 403.900 millones, con un sobrecosto de 35% aproximadamente.
incrementos La Contraloría había señalado que en la obra se realizaron ajustes no contemplados inicialmente en el contrato, surgiendo un incremento de G. 108.802.005.390 en los convenios modificatorios y ampliación de plazos de ejecución. Esto derivó en un desembolso de USD 29.000.000 por obras que, en partes considerables, no cumplen con especificaciones técnicas, según el informe de la auditoría de la Contraloría.
Finalmente, altos funcionarios del gobierno del ex presidente Horacio Cartes fueron acusados de haber avalado el fracaso del proyecto Metrobús. Así, la Fiscalía informó que acusó por varios motivos a Jiménez Gaona; a la ex viceministra de Administración y Finanzas de la cartera de Estado, Marta Regina Benítez Morínigo y a Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger (ex gerente del programa).
Al ex ministro se lo acusa por no ejecutar los objetivos del proyecto, por realizar ajustes irregulares por un total de G. 5.318.335.000, además de no haber multado por el atraso en la presentación del Diseño ejecutivo o Diseño final de ingeniería. También es imputado por pagar a tres consultores individuales para los mismos objetivos, y por aprobar la construcción de la “adecuación del desagüe pluvial” con base en un diseño que no acata las normas del MOPC.
Por otro lado, a la ex viceministra de Administración y Finanzas del MOPC Marta Benítez se la acusa por ajustes de G. 103.483.670.390, los cuales no estaban contemplados inicialmente; en tanto que a Guillermo Alcaraz, ex gerente del proyecto, se lo imputa por el incumplimiento de los objetivos del plan.
Por si fuera poco, en la denuncia se indica que Jiménez Gaona llamó a licitación de la obra en el 2015 sin formalizar el acuerdo con la Municipalidad de San Lorenzo. Igualmente, la acusación al ex alto funcionario apunta que habría iniciado las construcciones de la obra sin contar con el diseño final de ingeniería, presentado por la empresa contratista Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, y tampoco hubo “un estudio hidrológico”.
USD 29 millones se desembolsaron por obras que en partes no reúnen las especificaciones técnicas para el Metrobús.
