27 may. 2025

Caso secuestro de Félix Urbieta: Jueza rechaza pedido de detonar los explosivos incautados

La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, rechazó el pedido de detonación controlada de elementos explosivos incautados en la investigación del secuestro de Félix Urbieta. Recordó que se deben investigar el origen de los artefactos.

felix urbieta.jpg

El ganadero Félix Urbieta secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). | Foto: Archivo UH.

Fue rechazado el pedido del agente fiscal Pablo René Zárate de la autorización judicial a fin de realizar la detonación controlada de artefactos explosivos, iniciadores pirotécnicos, cordones detonantes y bananasa de power gel (elementos explosivos).

La jueza Rosarito Montanía señaló que los artefactos explosivos no fueron entregados para su guarda y custodia a la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL), y tampoco se adjuntó el dictamen técnico que afirme que por su estado sean considerados peligrosos a los efectos de proceder a su destrucción, por lo que corresponde rechazar el pedido.

La magistrada recordó que la Fiscalía debe investigar el origen de los artefactos, para llegar a las personas que brindan apoyo a los grupos criminales.

“La investigación fiscal deberá abarcar, además, la identificación de los artefactos incautados, lote, marca, tipo, procedencia, número de identificación serial, entre otros, a los efectos de su trazabilidad, pues la lucha contra este tipo de organizaciones es frontal y se deben aunar esfuerzos a fin de determinar quiénes brindan apoyo u otorgan soporte logístico al grupo criminal, que tanto daño sigue causando a nuestro país”, alega.

El pedido

Según el fiscal, los artefactos fueron incautados en la investigación por secuestro, privación de libertad, coacción, coacción grave, extorsión, extorsión agravada y asociación terrorista que investiga el secuestro de Félix Urbieta por los miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2016, a las 19:30, en la estancia San Francisco, ubicada en Belén Cué del distrito de Horqueta. En el caso se sindica como supuestos autores a Alejandro Ramos Morel, Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, Antonio Alejandro Ramos Ramírez y Feliciano Bernal Maíz.

Lea más: Revelan antiguo video extorsivo de la hija de Alejando Ramos tras hallazgo de caletas

Remarca el fiscal que los elementos explosivos fueron incautados en los allanamientos realizados el 20 de febrero pasado y fueron entregados por disposición fiscal a personal militar explosivista del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) de la ciudad de Arroyito, para su posterior detonación controlada.

Entre los elementos se encuentran iniciadores pirotécnicos, cordones detonantes y bananas power gel. Según el fiscal, al tratarse de artefactos improvisados de fabricación casera, son altamente inestables y de difícil conservación por un periodo prolongado, por lo que existe un peligro de detonación.

Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido presentado por el fiscal, por no reunir los requisitos, conforme con la resolución.

Más contenido de esta sección
Los fiscales que investigan los casos de la mafia de los pagarés, solicitaron a los magistrados Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú, la extracción de datos de los teléfonos de los suspendidos e imputados jueces de Paz Carmen Analía Cibils, Gustavo Villalba, Nathalia Garcete y la ex magistrada Liliana González de Bristot.
Luego de 19 años de haberse cometido el crimen, ocurrido en febrero del 2006, finalmente la Corte dejó firme la condena de 7 años y medio de cárcel para el policía Fredis Bruno Maidana. Hubo tres juicios orales en el caso y, según la Sala Penal, procesalmente solo pasaron 3 años y 7 meses.
El juez Humberto Otazú no hizo lugar a la nulidad de la imputación contra Blas Mora, quien se desempeñó como administrador de la Asociación del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), imputado por su presunta implicancia en los casos de la mafia de los pagarés.
Las defensas de los ex fiscales Hugo Volpe y Armando Cantero plantearon recursos de reposición en contra del rechazo de los incidentes previos en el caso por supuesto soborno para beneficiar a Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.
La Comisión Especial de la Cámara Alta y altas autoridades del Poder Judicial conversaron sobre las acciones actuales y futuras para combatir a la mafia de los pagarés, que afecta a miles de paraguayos humildes. Cambios al Código Procesal y nuevos juzgados serán estudiados en el Congreso.
La ex jueza chaqueña Graciela Ramírez Martínez fue condenada a un año de cárcel, con suspensión de ejecución de la condena, tras ser hallada culpable de adulterar un acta judicial para favorecer el despojo de tierras en el Chaco.