El canciller Federico González explicó en comunicación con Última Hora que el pedido de extradición de Juan Ángel Napout, emanado desde el Gobierno, es un procedimiento que se encuadra en acuerdos internacionales.
“Paraguay ha venido realizando gestiones desde hace más de dos meses dentro de un documento internacional que está en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sobre esa base se ha pedido que el ciudadano Juan Ángel Napout cumpla su condena en Paraguay”.
El ministro aseguró que la solicitud no representa “un privilegio” para la familia Napout, ya que existen varios casos de ciudadanos paraguayos condenados en el exterior para quienes se pidió la extradición.
González también señaló que aprobar o rechazar la extradición está exclusivamente en manos de las autoridades de los Estados Unidos.
Ante la consulta de si existen antecedentes de pedidos de extradición de paraguayos recluidos en los Estados Unidos, que hayan sido aprobados, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que “con Paraguay, no”.
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El Gobierno reconoció que realiza gestiones para que Juan Ángel Napout fuera extraditado luego de que Teresa Barreto, madre del ex dirigente deportivo, comparta un video en redes sociales por el cual se dirigió al presidente de EEUU, Donald Trump, y al presidente paraguayo, Mario Abdo, para solicitar que su hijo cumpla condena en Paraguay.
Caso Napout
Napout, de 62 años, fue condenado en 2018 a 9 años de prisión en los Estados Unidos por corrupción, mientras que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) José María Marín, a 4 años.
Sin embargo, Marín, de 87 años, fue liberado de forma anticipada este año a raíz de la pandemia del coronavirus, dada su avanzada edad y tras haber cumplido ya la mayor parte de su castigo.
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Ambos fueron detenidos en el marco de la operación contra la corrupción en el mundo del fútbol iniciada en 2015 y conocida como el FIFAGate, que salpicó a decenas de dirigentes, en su mayoría latinoamericanos.
Napout fue declarado culpable y condenado por conspirar para cometer crimen organizado y por fraude electrónico.
Esto, después de que la Justicia estadounidense le acusase de haberse embolsado al menos USD 3,3 millones en sobornos pagados por empresas para hacerse con emisiones de torneos internacionales, que le habrían prometido pagos por un valor total de casi USD 25 millones.
