04 dic. 2023

Caso Metrobús: Tribunal declara inadmisible apelación presentada por Jiménez Gaona

Un tribunal declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, Guillermo Alcaráz y Marta Benítez Morínigo, procesados por el caso Metrobús. Ahora ya pueden ser convocados para la audiencia de imposición de medidas.

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Ramón Jiménez Gaona y los demás procesados en el caso Metrobús pueden ser citados a la audiencia de imposición de medidas.

Foto: Archivo

El Tribunal de Apelación Especializado resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general presentada por el ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, Guillermo Alcaraz y Marta Benítez Morínig, bajo el patrocinio de los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres, contra el auto interlocutorio que resuelve el rechazo del recurso de reposición y concede la apelación subsidiaria.

Con esta resolución, el juez Humberto Otazú podrá convocarlos a la audiencia de imposición de medidas en el marco de la causa Metrobús, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Gaona, la ex viceministra de Finanzas Marta Benítez y el ex gerente del programa Metrobús Alcaraz fueron imputados por presunta lesión de confianza.

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En el acta de imputación se menciona que durante el 2013 al 2018 el entonces titular del MOPC “teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, no habría cumplido con exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA”.

El fallido proyecto contemplaba un presupuesto global de USD 162,9 millones; USD 89,1 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), USD 19 millones por la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID) y, el resto, USD 54,8 millones, con contrapartida local.

Un informe de la Controlaría General de República mencionó que las obras privaron a los ciudadanos de beneficios económicos por unos USD 85 millones.

Además, se pudo determinar perjuicios por el lucro cesante de comercios, gastos innecesarios en consultorías y gastos por la demolición de obras.

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