Los fiscales Celso René Morales Fernández, Christian Ortiz Riveros y Luis Amado Said Fragueda solicitaron la desestimación de la investigación contra el subcomisario Carlos Darío García y el suboficial Pablo David Torales Bogado, tras la denuncia presentada por Marcelo Rodrigues Gomes en agosto del 2024, tras la muerte de su padre, el diputado Eulalio Lalo Gomes.
El juez por su parte cita el artículo 314 del Código Procesal Penal, que establece la posibilidad de que el juez no admita lo solicitado por el fiscal en el requerimiento y remita nuevamente las actuaciones para que se modifique la petición en el plazo máximo de 10 días.
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“Si el fiscal ratifica su requerimiento y el juez insiste en su oposición, se enviarán las actuaciones al fiscal general del Estado o al fiscal superior que él haya designado para que peticione nuevamente o ratifique lo actuado por el fiscal inferior”, menciona la ley.
En ese sentido, el magistrado argumentó que por las circunstancias del hecho, la complejidad de la misma causa, la multiplicidad de diligencias que deben ser realizadas y cotejadas dentro del proceso, se requiere no solamente de una parte, en este caso el Ministerio Público, sino también la parte afectada, víctimas de conformidad de lo que dispone el artículo 68 del Código Procesal Penal.
También indicó que las producciones de las pruebas deben ser controladas de forma conjunta, armónica, por un órgano jurisdiccional y las otras partes del proceso.
El magistrado resaltó que en el marco de la causa han surgido suficientes elementos de sospecha de la existencia del hecho punible, que necesariamente deben ser contrastados, discutidos y debatidos ampliamente, garantizando de esta forma los derechos constitucionales, legales y procesales de las partes.
El juzgado encuentra que no están dadas las condiciones exigidas por la ley para la viabilidad de la pretensión del Ministerio Público, en consecuencia, resuelve remitir nuevamente las actuaciones a la Fiscalía para que prosiga con las investigaciones y en consecuencia para que modifique su petición en el plazo establecido por la ley.
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Gomes fue muerto a tiros durante allanamientos simultáneos a su vivienda y la de su hijo, a quien buscaban. La orden era no someter ni detener al magistrado, pero la versión oficial del caso refiere que el diputado estaba armado y efectuó al menos dos disparos, razón por la que los agentes respondieron con tres disparos.
Tras su deceso, el juez envió al Ministerio Público un informe de 40 páginas en el que se detallaban conversaciones, fotografías y audios que implican a miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), parlamentarios, jueces, fiscales e incluso comunicadores.
