13 jul 2026

Caso Imedic: Sala Penal de la Corte rechaza recusación contra camaristas

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó este miércoles el caso Imedic SA, tras rechazar la recusación presentada por Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira contra tres camaristas.

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La Fiscalía dictó orden de detención para los directivos de Imedic SA.

Foto: Archivo ÚH.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez, María Carolina Llanes y Manuel Dejesús Ramírez Candia, destrabó el caso de la firma Insumos Médicos SA (Imedic), tras rechazar la recusación de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, contra los miembros del Tribunal de Apelación Gustavo Santander, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Los magistrados que habían sido recusados debían estudiar la apelación contra la resolución del juez Humberto Otazú, que fijó la audiencia preliminar en la causa por presunto contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, supuestamente en la compra de insumos chinos para la pandemia del Covid-19.

Lea más: Recusaciones en caso Imedic

Los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia acusaron a Justo Ferreira y a Patricia Ferreira, dueños de Imedic SA, y solicitaron al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos que realice un juicio oral y público.

De acuerdo con la Fiscalía, el clan Ferreira, mediante de las firmas Imedic y Eurotec, presuntamente quisieron vender al Estado Paraguayo insumos médicos provenientes de China bajo un procedimiento excepcional para la “Adquisición Urgente de Insumos y Camas para Covid-19”.

Nota relacionada: Fiscalía pide juicio oral para Justo y Patricia Ferreira por contrabando de insumos médicos

Sin embargo, los insumos no llegaron en tiempo y forma cada uno, además de otras irregularidades detectadas, por lo que la cartera sanitaria rescindió los contratos con ambas firmas.

La Contraloría General de la República (CGR), en mayo del año pasado, calificó de “viciado de irregularidades en todas sus etapas” el proceso de adquisición de diferentes productos realizado por Salud, para lo cual fueron adjudicadas las empresas del clan Ferreira por un monto total de unos G. 85.200 millones.

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