Salpicados por hechos de corrupción, inconducta, violación de la cuarentena y vacunación irregular, ocho legisladores perdieron sus escaños en el presente periodo parlamentario. La pérdida de investidura y renuncias dejaron sus huellas en el Congreso Nacional.
Son cuatro colorados, dos liberales, uno del Unace y otro de Cruzada Nacional los que integran la lista de los parlamentarios que se quedaron sin sus bancas.
Casos vinculados al Covid-19
La senadora colorada Mirta Gusinky presentó su renuncia el pasado lunes tras recibir la vacuna contra el Covid-19, sin estar contemplada en la presente etapa de vacunación, valiéndose de sus influencias como legisladora.
Gusinky, en principio, negó categóricamente que recibió la dosis, pero el Ministerio de Salud mostró documentos que refieren que incluso una cuadrilla de vacunadores llegó hasta su domicilio, acompañada del ex director regional Robert Núñez.
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El malestar ciudadano, las críticas por parte de diversos sectores y un inminente proceso para su pérdida de investidura hicieron que la senadora presente su renuncia al cargo poco después de remitir una nota al Congreso por la que buscaba justificar las circunstancias en la que fue vacunada.
La lista sigue con la senadora liberal llanista, María Eugenia Bajac, destituida del Senado en el mes de abril del 2020 por uso indebido de influencias, tras supuestamente violar la cuarentena sanitaria, así como irregularidades en el uso de los viáticos y su actuación en Perú con funcionarios de la Embajada.
Bajac, en un intento de zafar su suerte, pidió perdón, que se postergue el proyecto y luego sugirió que la sancionen. Finalmente, con 40 votos de los 45 senadores presentes fue expulsada de la Cámara Alta.
Corrupción e inconducta
El senador Dionisio Amarilla (PLRA) fue expulsado de la Cámara Alta el 6 de junio del 2019 tras ser denunciado por hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y corrupción.
El proceso de pérdida de investidura contra el parlamentario se inició por denuncia de uso indebido de influencia, para favorecer presuntamente a una firma de seguridad con un contrato con el IPS.
Además, el legislador fue denunciado por corrupción pública durante su gestión como administrador en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Supuestamente, amasó una gran fortuna y sus bienes no coinciden con sus ingresos y los de su esposa.
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El parlamentario también es vinculado con una empresa constructora BGF SA, que en los últimos cinco años firmó contratos por G. 122.000 millones con la Gobernación de Ñeembucú.
Paraguayo Cubas, quien obtuvo su banca en representación de Cruzada Nacional, a quien acusaron de uso indebido de influencias, fue expulsado del Senado en noviembre del 2019.
Sus colegas aprobaron su destitución por la agresión a una concejala departamental de Patria Querida, agresión a policías, daño a bienes públicos y pedir “matar a 100.000 brasileños”.
Los parlamentarios alegaron, además, que el mismo ya había sido sancionado en dos ocasiones anteriores por exabruptos.
Casos emblemáticos y la presión ciudadana
Entre los expulsados del Congreso Nacional existen tres causas que fueron consideradas como victorias ciudadanas tras movilizaciones ciudadanas contra la corrupción e impunidad.
El diputado colorado cartista Víctor Bogado fue expulsado del cuerpo legislativo luego de que fue hallado culpable, junto con Gabriela Quintana, por el caso de la niñera de oro. Ambos fueron condenados por cobro indebido de honorarios en calidad de coautores y absueltos por el delito de estafa.
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El senador fue sentenciado a un año de prisión, mientras que Gabriela Quintana a un año y seis meses. No obstante, ambos se salvaron de ir a prisión.
Jorge Oviedo Matto (Unace) fue otro de los legisladores que fue forzado a renunciar tras estar salpicado por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con los que se reveló un esquema de coimas y tráfico de influencias.
Oviedo Matto presentó su renuncia tras su inminente destitución de la Cámara de Senadores mediante la figura de la pérdida de investidura.
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A la lista de parlamentarios obligados a renunciar por la presión ciudadana se suma el colorado José María Ibáñez, quien se vio acorralado ante una masiva convocatoria a movilización en su contra tras haber sido blindado por sus pares.
En agosto de 2018, Ibáñez decidió apartarse de su cargo parlamentario el mismo día en que también se organizó una gran convocatoria ciudadana con el fin de hacer visible el repudio generalizado hacia los hechos ocurridos en la Cámara de Diputados.
La Justicia favoreció al ex legislador aprobando el resarcimiento del hecho, la Fiscalía se allanó y así quedó impune.
Histórica decisión del Senado
La causa de Óscar González Daher se convirtió en el primer caso de un legislador que fue expulsado del Congreso Nacional por hechos de corrupción, durante el periodo democrático del Paraguay. Ocurrió en el anterior periodo legislativo.
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González Daher fue salpicado con varios audios filtrados, que revelaron cómo el mismo operaba desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ente que presidía, para conseguir blanquear a sus correligionarios y a sus más cercanos allegados implicados en hechos de corrupción.
El político luqueño volvió a ser electo para ocupar una banca en el actual periodo legislativo, como fruto de la lista sábana, pero la fuerte presión política y ciudadana lo obligó a presentar su renuncia poco después de jurar nuevamente como senador.