18 ago. 2025

Cartismo impuso sus leyes y ninguneó las iniciativas ciudadanas

El Congreso, en general, y la Cámara de Diputados, en particular, priorizaron las leyes que fueron promovidas por el Ejecutivo. Cuando la ciudadanía quiso intervenir, el Legislativo hizo oídos sordos.

30500534

Cabildeo. Negociaciones constantes en la Cámara y pocas veces para beneficio de la gente.

ARCHIVO

Finalizó el año sin que la Cámara Baja dé trámite y mucho menos apruebe un proyecto de iniciativa ciudadana, que está reglada dentro de la Constitución Nacional. La señal de que el Congreso cada vez reduce más la puerta de acceso a iniciativas que realmente preocupan a la ciudadanía, es que cuando los sectores organizados quisieron participar ya de forma proactiva o para debatir leyes, de nada sirvió su opinión.
Ejemplos sobran y en las últimas semanas, previo al receso parlamentario, se vio claramente el avasallamiento cartista con una agenda clara.

Las organizaciones fueron las que resintieron el propósito cartista, que la oposición varias veces tildó como de antiderechos.

La iniciativa sobre el control a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), que ingresó a instancia del sector cartista más duro en el Senado, pasó como por una rejilla la Cámara Baja y luego lo promulgó el Ejecutivo.

Fue el sello del divorcio del cartismo con cierto sector de la sociedad para la cual ya se estipulaba por ley controles y por eso la principal denuncia descansa en que la ley se hace en contra de la labor de las oenegés que no comulgan con el Gobierno.

Casi de inmediato y de forma sistemática, el cartismo dio trámite a otros proyectos.

El que tuvo incidencia en el sector trabajador fue, claramente, la iniciativa para la reforma de la carta orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS).

También tuvo origen en el Ejecutivo y la modificación clave a la ley fue pasar de 3 a 10 años el cálculo para la jubilación. Allí no se tuvieron en cuenta las voces de las centrales ni los sindicatos que advierten que se va a precarizar en el tiempo el valor de la jubilación.

Para este y otros temas, los espacios de análisis y debate por excelencia, que son las audiencias públicas, además de ser escenarios democráticos de participación, no se tuvieron en cuenta.

Entonces, también primó antes que el debate, el voto puro y duro para la modificación del Código Electoral por parte del cartismo, pese a que participaron activamente de la discusión de este documento los directos afectados que desde el principio alertaron de que se trataba de impedir el derecho del voto de los connacionales.

Si no tiene marcha atrás, la ley sancionada afecta a los residentes en Paraguay como en el extranjero porque ambas Cámaras votaron por la derogación de la inscripción automática, a partir de 18 años.

Un sector eternamente postergado es el del campesinado. La lógica de la mayoría antepuso intereses corporativos y los campesinos fueron, como en otros periodos, sistemáticamente ninguneados. Su protesta contra el Registro Unificado Nacional (RUN), fue desoída, y temen legalización de tierras malhabidas.

“LEJOS DE LA GENTE”. Para el diputado Raúl Benítez, el presidente Santiago Peña desaprovechó su mayoría en el Congreso optando por leyes impopulares. “El proyecto de Hambre Cero no se conversó; el tema de los migrantes tampoco. Es un gobierno que especula contra los derechos laborales. Peña ha hablado de sacar la estabilidad económica, aparentemente, desconociendo la Constitución Nacional. Es el gobierno del atropello”, remarcó el opositor.

Más contenido de esta sección
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por violaciones al derecho a la libertad de expresión, al principio de legalidad y a las garantías judiciales en perjuicio de Aldo Zuccolillo, en la demanda promovida por el entonces senador Juan Carlos Galaverna.
Ramón Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, dijo que su informe fue netamente técnico y que la posible destitución de Miguel Prieto es una decisión política. Aseguró que violentar una institución pública y grabar conversaciones constituyen un delito.
Proyecto de ley que establece un cobro adicional de G. 10.000 al momento de la renovación de registros por cada automovilista y motociclista del país será estudiado por la Cámara de Senadores. En diciembre del 2024, la Cámara Alta ya la había rechazado, pero fue ratificado en mayo pasado por Diputados.
Parlamentarios de la oposición cuestionaron el acuerdo al que arribó el Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, con EEUU sobre refugiados. Parece un favor a los EEUU para recibir lo que ellos no quieren, afirman.
El diputado abdista Mauricio Espínola calificó de bochorno para el país la conclusión a la que llegó el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre ataques a la libertad de asociación, la libertad de expresión y la de prensa. El cartista Hugo Meza, por su parte, dijo que el informe “le hace ruido”.
Durante la audiencia pública sobre el proyecto de ley que plantea la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Minas y Energía, el diputado Yamil Esgaib realizó un gesto obsceno, levantando el dedo del medio contra su colega Raúl Benítez, tras las críticas de este último a la propuesta.