El actual intendente de Jesús de Tavarangüé, en el Departamento de Itapúa, Víctor Bernardo Garay Olmedo, encara una de las campañas más complejas de su carrera política. Mientras busca retener el poder municipal en las internas coloradas del próximo 7 de junio y, posteriormente, en las elecciones municipales del 4 de octubre, el jefe comunal se encuentra sometido a un proceso penal por presunta lesión de confianza, causa que ya fue elevada a juicio oral y público.
Garay Olmedo, identificado políticamente con el movimiento Honor Colorado, quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que la Contraloría General de la República detectara una serie de irregularidades en la ejecución de recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2022.
La acusación fiscal sostiene que durante su administración se habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 2.443 millones a la Municipalidad de Jesús de Tavarangüé, específicamente mediante el manejo irregular de fondos especiales destinados a municipios con patrimonio histórico y cultural.
PODER
Garay construyó su liderazgo político dentro de la ANR en una de las localidades más pequeñas y simbólicas del sur del país. Jesús de Tavarangüé es conocida principalmente por albergar las ruinas jesuíticas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco, situación que le permite acceder a fondos especiales previstos por leyes nacionales para preservación cultural y desarrollo turístico.
Consolidó una estructura territorial vinculada al cartismo y logró posicionarse como una figura de peso en la dirigencia colorada local. Durante su gestión buscó proyectar obras de infraestructura, mejoras urbanas y promoción turística, utilizando precisamente los recursos provenientes de los fondos especiales destinados a distritos patrimoniales.
Sin embargo, gran parte de esa gestión quedó posteriormente bajo sospecha.
CONTRALORÍA
El origen del caso judicial se encuentra en una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada por la Contraloría General de la República. El organismo auditó la ejecución presupuestaria de la Municipalidad de Jesús de Tavarangüé correspondiente al ejercicio fiscal 2022 y parte del 2023.
La auditoría detectó al menos 25 observaciones distribuidas en un informe de más de 100 páginas y entre las principales irregularidades señaladas por la Fiscalía figuran sobrefacturaciones, pagos por servicios supuestamente no ejecutados, adjudicaciones directas sin licitación, contratos sin respaldo, entre otros.
ACUSADO
El Ministerio Público formuló imputación contra Garay en abril de 2024 por presunta lesión de confianza. En esa primera etapa procesal se habló inicialmente de un perjuicio superior a G. 834 millones.
Posteriormente, tras avanzar la investigación y ampliarse los elementos recabados, la Fiscalía presentó acusación formal y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público, fijando finalmente el supuesto daño patrimonial en más de G. 2.443 millones.
La acusación sostiene que el intendente habría autorizado pagos irregulares utilizando fondos públicos destinados al Municipio. La defensa de Víctor Garay intentó frenar el avance del proceso penal mediante diversos recursos judiciales argumentando que la acusación fiscal no contaba con suficientes elementos probatorios.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado rechazó esos argumentos y confirmó la elevación a juicio oral.
En marzo de 2026, el juez Humberto Otazú fijó para el 6 de abril el inicio del juicio oral y público contra el intendente.
Posteriormente, se ha fijado juicio oral y público para el día 15 de junio de este año a las 08:00; es decir, una semana después de las internas.
El proceso se convirtió en un fuerte elemento de desgaste político para Garay Olmedo.
