El diputado Jorge Ávalos Mariño recalcó que el principal propósito es eliminar toda forma de comercio ilícito del producto del tabaco, estableciendo infracciones que abordan las responsabilidades y pagos relacionados con las incautaciones, así como la eliminación de los productos confiscados.
Tras la exposición de motivos, el debate giró en torno a la puesta en vigencia.
Justo Zacarías Irún dijo estar a favor del documento y propuso una modificación, consistente en un artículo adicional, en donde se especifique que la ratificación sea comunicada en el plazo de un año condicionado a que los medios tecnológicos y presupuestarios estén vigentes para ponerlo en práctica. El legislador argumentó que no hay forma técnica ni presupuestaria de implementar lo que exige el protocolo.
“Estamos a favor de que se controle, pero no tenemos que ser tontos”, dijo y señaló que el documento fue patrocinado por dos grandes empresas, British American Tobacco y Philip Morris, en detrimento de las pequeñas tabacaleras.
Sebastián Villarejo, a su turno, dijo que la propuesta del cartismo fue una estrategia dilatoria sin sustento.
Varios legisladores señalaron que no correspondía votar por la modificación, atendiendo a que la Constitución Nacional establece que los convenios y protocolos internacionales no pueden ser modificados. No obstante, se llevó a cabo la votación de manera nominal. Con los cartistas votaron dos del oficialismo, Ëdgar Espínola y Luis Urbieta, además de 9 liberales.
Días atrás, el candidato a presidente, Santiago Peña, había dicho que el protocolo no debe ser aprobado porque es una política de agresión hacia HC.
40
votos reunieron los diputados oficialistas y opositores para que entre en vigencia el protocolo del tabaco.