El procedimiento estuvo encabezado por la fiscala Carina Sánchez, de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y Explotación Sexual del Ministerio Público, quien procedió al allanamiento de un inmueble donde se corroboró la permanencia de mujeres mayores y menores de edad que eran obligadas a ejercer la prostitución.
Ante esta situación, los intervinientes lograron la aprehensión de un hombre, cuyos datos no dieron a conocer, sindicado como el propietario del local y presunto proxeneta. Además, se incautaron de celulares, anotaciones con las sumas recibidas por las víctimas, la suma de G. 6.824.000 y dosis de cocaína.
El sometimiento a un régimen de explotación sexual tiene una pena privativa de hasta ocho años de cárcel, según la Ley 4788.
