Una disputa legal y penal por la posesión de dos remolcadores de barcazas envuelve una denuncia contra el fiscal Aldo Cantero, por supuestamente apurar una acusación en contra de dos capitanes de barcas, según afirman, agregando hechos que no habrían ocurrido, siendo solo interino por dos semanas en la causa. La causa por supuesta apropiación de las barcas ahora está para juicio oral.
El caso se inició con un contrato de alquiler de los remolcadores Orgullo y Ko’eti, en el 2023, entre la propietaria, Naviera Cono Sur, y la empresa cliente HyA SA, representada por el armador Francisco Vera Figueredo.
El 5 de abril del 2024, la firma propietaria comunicó la rescisión del contrato de manera unilateral y mediante escribanía, pese a que tenían firmado una adenda con una prórroga hasta este 2026, explicó el abogado Eduardo Bernal, quien representa a los capitanes.
Este comentó que en ambas embarcaciones se hicieron mejoras valoradas en cerca de USD 800.000, pero que la empresa no quiso reconocer, pese a que en el contrato están establecidas varias cláusulas de reconocimiento de gastos.
A partir de allí, vinieron los conflictos. Como se rescindió el contrato, la firma propietaria encargó a otro capitán recuperar los remolcadores y barcazas, quien llegó hasta la zona en abril. Como se negaron a la entrega, convocaron a la Prefectura General Naval.
Supuestamente, entre el 8 y el 9 de abril, “mediante el uso de la fuerza” impidieron entregar las embarcaciones, que fueron acorraladas, por orden del armador Francisco Vera. Sin embargo, la defensa de los capitanes dice que esto no consta en acta y que no habría evidencia de esta coacción.
EN FISCALÍA. En mayo llegó la fiscala Claide Acosta a constituirse en las barcazas y los capitanes Andrónico Rolón y Carlos Santos explicaron que no podían entregar los remolcadores sin orden.
¿Qué dicen las actas de constitución? Que los hombres dijeron que no van a entregan los remolcadores por orden de Francisco Vera (gerente de HyA SA), y debido a una medida cautelar de inamovilidad dictada por el Juzgado de Lambaré.
El caso luego pasó a la fiscala Andrea Vera, quien les imputó al armador Francisco Vera y a los capitanes Andrónico Rolón y Carlos Santos el 21 de febrero del 2025, por apropiación, coacción y exposición al peligro en el tránsito fluvial; el caso pasó por varios fiscales.
El abogado Eduardo Bernal dijo que hubo un pedido de sobreseimiento y fue allí recusada la fiscal del caso por los denunciantes.
Finalmente, la causa cayó al fiscal Aldo Cantero (interino por dos semanas), quien solicitó abreviar el plazo para presentar el requerimiento conclusivo y los acusó.
En la acusación ya se menciona que los hombres impidieron con gritos y arrojando objetos al contratado por la empresa propietaria, quien buscaba recuperar los remolcadores. Sin embargo, el abogado dice que no adjuntaron evidencia de esto.
Dijo también que no es cierto que se impidió el traslado entre otro remolcador y barcazas. “En la foto no hay ninguna barcaza que la ataje, están libres”, expresó.
“Faltaba menos de un mes para la fecha de acusación y Aldo Cantero pide al Juzgado adelantamiento y él no espera a que la jueza resuelva, al toque ya acusa y sale de la causa. Entró solamente para eso, para acusar y salir”, denunció el abogado Bernal.
Sindicó al fiscal como el “garrote de la Fiscalía”, ya que, supuestamente, en la causa no se hicieron los peritajes técnicos y se basó en una presunta coacción “que no figura en ningún acta”.
El caso posteriormente pasó a la fiscala Maricel Orihuela, quien representó en la audiencia preliminar y ratificó la acusación frente al Juzgado, que elevó la causa a juicio.
Versión del fiscal: “Está probado”
Al consultársele al fiscal Aldo Cantero su versión del caso, el agente apuntó: “Está todo en el material probatorio y ya se elevó a juicio, es decir, que pasó por un Juzgado Penal de Garantías”.
Mencionó dar la cara y que ya no está en esa Unidad. “Me ratifico plenamente de lo que dice ahí (la acusación), y no voy a discutir en los medios de prensa algo que está para juicio oral”, se despachó.
Comentó que estuvo durante seis años en la Unidad Barrial 5 y que cuando había una recusación casi siempre él interinaba las causas.
“Con 100% de seguridad digo que estos delincuentes cometieron la coacción y se les presionaba para que no digan nada”, expresó. Citó además que supuestamente los que alquilaron las barcazas quitaron los GPS para, al parecer, cometer ilícitos con los combustibles, pero esto no se encuentra en la acusación.
