Una causa que comenzó como un hurto agravado aparentemente sencillo se convirtió en un símbolo del descrédito de la Justicia paraguaya. Camila Antonella Arámbulo Garibaldi fue imputada por sustraer una importante suma de la caja fuerte de su ex pareja, el periodista argentino Nicolás C. Morás.
Las actas notariales de la causa 2269/2025 recogen grabaciones consentidas en las que la imputada habría admitido el hurto, explicado que utilizó guantes de enfermería para no dejar huellas y que habría solicitado devolver el dinero a través de un acuerdo extrajudicial.
Pero, más de un año después de la denuncia presentada por Morás el 10 de mayo de 2025, el proceso continúa lejos de resolverse.
Arámbulo salió de Paraguay con una orden de captura vigente, presumió en sus redes sociales un lujoso viaje por Roma, regresó al país y obtuvo libertad ambulatoria, pese a que el entonces fiscal del caso, Eugenio Ocampos, había solicitado prisión domiciliaria, mientras que la querella pidió prisión preventiva.
Paralelamente, la imputada promovió denuncias contra Morás y su abogada Noelia Schaffer -esta última desestimada- con la presunta finalidad de silenciar a la contraparte.
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La magnitud del caso llegó hasta Colombia. Antes de incorporarse al Gobierno del derechista Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, diplomático con veinte años de trayectoria en Naciones Unidas, ya había calificado públicamente lo ocurrido como un caso de impunidad, negligencia y “perversión judicial” en comunicación con este medio.
El 7 de agosto pasado, el diplomático juró en su nuevo cargo como ministro de Relaciones Exteriores. Bula advirtió a Última Hora que el expediente no solamente revictimiza a Morás, sino que pone en tela de juicio el estado de derecho en Paraguay.
Su crítica apuntó especialmente a las actuaciones completamente irregulares que permitieron la salida de Arámbulo hacia Roma y a las decisiones posteriores de la jueza penal de Garantías, Ana María Esquivel.
La fuga a Roma
El episodio más escandaloso ocurrió el sábado 20 de septiembre de 2025. Arámbulo abandonó Paraguay rumbo a Roma, apenas 24 horas después de que se dictara una orden de captura por su incomparecencia a la audiencia de imposición de medidas.
La resolución ya estaba cargada en el sistema de la Policía Nacional. Aún así, pudo salir del país y posteriormente exhibió en redes sociales imágenes de su viaje por Europa.
La misma jueza que había ordenado su captura, Ana María Esquivel, terminó levantándola basándose en un informe de su ujier, Evelyn Brítez.
La funcionaria alegó que no había podido notificar a Arámbulo porque carecía del expediente físico, pese a que el sistema judicial se encuentra completamente digitalizado.
Posteriormente, Brítez reconoció esa digitalización en un segundo informe, contradiciendo su primera versión y dejando en evidencia que la justificación utilizada para favorecer a la imputada era falsa.
La abogada de Morás, Noelia Quintana Shaffer, denunció penalmente a la ujier por incumplimiento de deberes. La investigación recayó, llamativamente, en la Unidad Fiscal N° 4 de Lambaré, a cargo de Amelia Bernal Jara, quien también interviene en la causa original y ha sido severamente cuestionada por inmovilizar la carpeta durante meses.
Las demoras bajo su gestión contribuyeron a la pérdida de las grabaciones de seguridad del hotel donde se produjo la confesión y, hasta el momento, tampoco se registran avances sustanciales en la investigación sobre Brítez.
El veterano penalista Carlos Alberto Rufinelli acudió ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se investigue la actuación de Esquivel.
Al mismo tiempo, Ricardo Estigarribia Chávez, defensor de Arámbulo, presiona por una audiencia para obtener el sobreseimiento provisional.
La fiscal interina Verónica Mayor solicitó esa salida, contradiciendo los fundamentos de la imputación de su antecesor, Eugenio Ocampos, y sin presentar oportunamente el informe técnico exigido.
La urgencia de la defensa contrasta con la paralización de una prueba central, las grabaciones de las confesiones atribuidas a Arámbulo esperan desde febrero, hace más de seis meses, el peritaje del Laboratorio Forense del Ministerio Público.
Esos audios, sus transcripciones notariales, los testigos y la documentación ofrecida por la querella constituyen elementos ineludibles para la elevación a Juicio.
Una trama política alrededor de la causa
Desde Washington, la experta Guadalupe Correa Cabrera colocó el expediente en un contexto todavía más grave.
Correa es profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, investigadora del Centro Presidencial Wilson del Congreso de Estados Unidos y codirectora del Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center.
La académica señaló a Ana María Esquivel, Amelia Bernal Jara, Ricardo Estigarribia Chávez, Gerardo Bobadilla —presidente del Consejo de la Magistratura— y al camarista Dionisio Frutos Serrati como nombres centrales de una presunta red de protección política y judicial.
Estigarribia Chávez no es una figura ajena a los grandes expedientes políticos. Fue defensor del ex senador colorado Erico Galeano, condenado en marzo de 2026 a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal dentro del caso A Ultranza PY.
La investigación conectó a Galeano con la estructura del narcotraficante Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
Correa recordó además que Estigarribia y Arámbulo habían coincidido anteriormente en el entorno del ex senador Óscar González Daher.
De esta manera, alrededor de la imputada vuelven a aparecer abogados y operadores relacionados con algunos de los expedientes más oscuros de la política paraguaya, y para peor, las mismas prácticas que durante años cobijaron a la estructura de Marset.
Según tres fuentes citadas por el medio argentino RealPolitik, Estigarribia habría mantenido reuniones con Bobadilla para solicitar su intervención sobre la fiscala Verónica Mayor y la jueza Esquivel.
El objetivo habría sido impulsar el sobreseimiento provisional. Las fuentes afirman que Bobadilla llamó a las funcionarias delante de terceros y que durante esos encuentros se mencionó un “aporte exprés” de G. 50 millones en el contexto de las internas coloradas de Asunción.
El camarista Frutos Serrati quedó señalado por reuniones privadas con Arámbulo en su propio despacho, fuera de todo marco procesal, incluida una con la esposa de su anterior defensor, Fermín Bogado. Tras el escándalo, Bogado fue separado de sus cátedras en la Facultad de Derecho de la UNA.
La utilización del sistema contra la víctima
Según la querella, Arámbulo y Estigarribia desplegaron denuncias instrumentales contra Morás y su abogada después de que estos expusieran públicamente las irregularidades.
Arámbulo promovió una denuncia de violencia doméstica contra Quintana Schaffer y consiguió inicialmente una orden de restricción. El juez de Paz, Rogeth Chaparro, terminó levantándola y desestimó la denuncia por considerar incorrecta la utilización de la ley 1600. La letrada respondió con una querella por falsa denuncia contra Arámbulo, correspondiente al expediente 1870/2026.
Correa Cabrera reclamó que el mismo criterio se aplique a las acciones instrumentadas contra Morás: la restricción bajo la ley 1600, que tramita ante el Juzgado de Paz de Trinidad, a cargo de Alejandro Delvalle Casola, y la causa penal por desacato promovida tras el regreso de Arámbulo, radicada en la Unidad Penal Nº 1 de Asunción, a cargo del fiscal Silvio Rubén Alegre. “La demora de estos funcionarios prolonga una restricción intolerable de la libertad de expresión”, alegó Correa Cabrera.
Para la investigadora, las herramientas creadas para proteger a verdaderas víctimas no pueden convertirse en mecanismos para perseguir a un periodista que denunció un hurto y presentó evidencias suficientes para obtener una imputación. Morás afirmó que fue amordazado judicialmente por informar sobre su propio caso, pese a no estar imputado por delito alguno.
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Arámbulo, mientras tanto, permanece en libertad, participa activamente en la campaña política del Consejo de la Magistratura y se aproxima a una audiencia con la que su defensa busca el sobreseimiento provisional, mientras sus confesiones continúan aguardando peritaje.
También se analiza una eventual visita de Guadalupe Correa Cabrera a Paraguay junto con una comitiva internacional que seguiría el caso, velando por los derechos constitucionales de Morás, periodista matriculado en la Asociación Internacional de Prensa de España y en la Society of Professional Journalists de Estados Unidos.
Los funcionarios señalados deberán demostrar que no están subordinados a favores políticos ni redes de influencia. De lo contrario, Paraguay quedará expuesto como un Estado incapaz de proteger a una víctima, garantizar la libertad de prensa y hacer cumplir su propia ley.
