El hecho se detectó a través de controles administrativos y verificaciones físicas realizadas por la VII Región Sanitaria de Itapúa, donde salieron a la luz graves inconsistencias entre las planillas de rendición de cuentas, los comprobantes de carga y el kilometraje real de los móviles.
Ante esta situación, la desvinculación de los trabajadores se oficializó mediante la Resolución N.º 279/2026, firmada por el ministro de Salud, Isaías Fretes.
Las pesquisas apuntan a un uso indebido de los fondos públicos, sin descartar que parte del combustible haya sido cargado directamente a vehículos particulares o extraído posteriormente de las ambulancias.
Según la denuncia fiscal, la ambulancia Iveco con matrícula AAHV946 presentaba en los documentos un trayecto declarado de 58.812 kilómetros, pero la revisión presencial reveló un marcado total real de 31.190 kilómetros, arrojando una diferencia ficticia de 27.622 kilómetros.
Un esquema similar se constató en la ambulancia Land Cruiser con chapa A-439. En las planillas de rendición correspondientes al mes de agosto se consignó un recorrido de 38.189 kilómetros, mientras que la inspección física arrojó apenas 11.646 kilómetros reales, lo que representa un desfasaje de 26.543 kilómetros.
Estas abismales diferencias entre los datos reales y los asentados en los papeles hacen suponer la existencia de un perjuicio patrimonial multimillonario.
Las autoridades sospechan que el recurso asignado a la atención médica fue desviado sistemáticamente para fines particulares, identificándose además que la totalidad de los suministros investigados se despacharon en una estación de servicio Petropar de la ciudad de Cambyretá.
