Senado tratará mañana el proyecto de ley que reduce el monto de la apropiación o hurto de 10 a 5 jornales mínimos en tiendas y supermercados para iniciar la persecución penal. Comisión de Legislación recomendó no aprobar la modificación.
La senadora Lilian Samaniego mencionó que presentó el proyecto debido a los reclamos de empresarios que sufren el perjuicio de las bolsoneras, con la finalidad de que las personas que cometen este tipo de hechos bagatelarios sean sancionadas con un castigo mayor por parte de la justicia a fin de reducir este delito que afecta a los comercios y acabar con las reincidencias.
La misma resaltó que este tipo de robos se vienen dando todos los días en las tiendas y supermercados y al final del mes se vuelven montos grandes.
César Martínez, de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), explicó que la intención de bajar el monto del hurto a ser castigado a G. 200.000 es para que el perjuicio sea menor.
Mencionó que el perjuicio mensual llega al 2% de las ventas en las tiendas de su gremio.
“Diariamente se ve que la persona que realizó el robo está volviendo a robar luego de 6 horas de haber sido detenida. Manejan muy bien el término bagatelario. Roban el monto inferior a lo que la ley pena”, manifestó.
Señaló que se trata de bandas delictivas bien organizadas que cuentan con abogados, policías y una estructura completamente armada donde se distribuyen las utilidades. Agregó que son alrededor de 500 personas las que se dedican a este delito.
Por su parte, Mario Goia, de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), indicó que mensualmente hay alrededor de 1.500 hurtos en los comercios de su rubro. “Para nosotros es un hecho grave que no nos permite trabajar bien”, indicó y precisó que cada vez se cierran más locales porque es insostenible.
César Cañete, defensor adjunto penal, indicó que la modificación que se pretende no es idónea para conseguir el fin. “Si se cambia la ley, no va a cambiar nada”, dijo. Agregó que la modificación obligará al Ministerio Público a perseguir todos los hechos punibles.
El ministro de Justicia, Ángel Barchini, dijo que si bien espíritu de la ley es noble, “estamos en una zona gris entre lo que sería conveniente” y leyó parte del dictamen del Ministerio Público que señala que modificar una ley debido a la mala interpretación no se considera una postura adecuada y eficiente para solucionar la problemática.
“Tenemos que instar a que el Ministerio Público y que las víctimas puedan accionar, denunciar y ocuparse de que las personas que hayan realizado el delito puedan cumplir la pena establecida”, dijo.
Indicó que con la modificación puede ampliarse la cantidad de personas privadas de liberad lo que será un problema para el sistema jurídico.
La jueza de Sentencias, Claudia Criscioni, indicó que ejecutar la ley penal, cambiando el monto, “vamos a seguir teniendo problema si hay una mala aplicación de la ley”. Agregó que el Ministerio Público está obligado a realizar el proceso sin importar el monto.
En cuanto a las organizaciones que se dedican a este delito tienen un marco penal de 15 años
Esperanza Martínez instó al Ministerio Público a que investigue a la organización delictiva ya que señala que utilizan a mujeres, adolescentes y adictos para robar.
