El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Estado ha destinado importantes recursos a las Entidades de Jubilaciones y Pensiones. En solo los últimos 15 años se desembolsaron USD 2.355 millones; un 97% de estos fondos fue a la Caja de Jubilaciones y Pensiones para cubrir parte de los gastos de sectores deficitarios.
Entre las cajas más deficitarias se menciona a la Caja Ferroviaria que, según la cartera económica, en la actualidad es prácticamente solventado en su totalidad con recursos del Tesoro, provenientes de impuestos de la ciudadanía.
También se tiene en cuenta el pago del aporte estatal del 7% por cada cotizante de la Caja Parlamentaria que estuvo vigente hasta el año 2019, sumando un total de USD 24,5 millones transferidos en el periodo considerado.
El informe señala que en caso de la Caja Bancaria, desde el 2002 hasta el 2012, los jubilados habían aportado parte de sus haberes debido a la crisis bancaria ocurrida en la década de los 90. Posterior de ello, con la Ley 4.773/12 el Estado asumió el compromiso de devolver los aportes debido a que la crisis financiera acabó con el cierre de varios bancos, lo que finalmente terminó afectando a la Caja.
Es así que entre el periodo 2008 y 2017 el Estado realizó transferencias a la Caja Bancaria con recursos del Tesoro amparado en disposiciones de las Leyes N° 3.492/08, 4.773/12 y 5.762/16. El monto total asciende a USD 20,7 millones.
A estas cifras se suma la transferencia reciente del Estado durante la pandemia de la Covid-19 a cuenta de los aportes establecidos en el inciso c) del Artículo 17 del Decreto Ley N° 1860/1950, aprobado por Ley N° 375/1956 y modificado por la Ley N° 98/1992, por un valor total de USD 173 millones.
El déficit de Caja Fiscal llega al 39% y se suman magistrados judiciales. El viernes último, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones dio a conocer el estado de las Caja de Jubilaciones y Pensiones, el informe correspondiente a Noviembre da cuenta de un déficit de 39% es decir - G. 159.221 millones, mientras que el acumulado de enero a noviembre el déficit asciende a G. 1,0 billón, lo que el porcentaje representa un -24%.
El ingreso de la Caja Fiscal fue de G. 246.072 millones, mientras que su gasto fue de G. 405.294 millones. El sector más deficitario es el de los militares (-78%), seguido de los policías (-69%) y los docentes (-47%).
En el penúltimo mes del año el sector de los docentes universitarios no presentó déficit, pero si el de los magistrados judiciales, aunque en porcentaje menor (-4%).
Ley de Superintendencia. A pesar de los muchos cuestionamientos que se hacían al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7235 “Que Reglamenta el Rol Supervisor del Estado a las Entidades de Jubilaciones y Pensiones, en Cumplimiento del Artículo 95 de la Constitución Nacional”, con lo cual crea este nuevo organismo.
El documento fue punto de conflicto entre los jubilados, pensionados, ciudadanía y en general y legisladores de la oposición que buscaron dar mayor tiempo al estudio de la normativa a fin de conocer mejor las implicancias de la ley, pero finalmente los legisladores colorados y libero cartistas terminaron imponiendo la norma en un tiempo récord.
Por su parte, el Gobierno sostuvo la postura de que la Superintendencia, dependiente del Consejo de Seguridad Social, operará como órgano técnico, regulador y supervisor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, con autonomía funcional y administrativa. Y alegaron que con ello iniciaría un proceso de reforma necesario para ordenar el aporte de los trabajadores.
La nueva ley establece que el Consejo de Seguridad Social, estará integrado por el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP); las máximas autoridades de los Ministerio de Economía y Finanzas; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y por respectivos representantes de los trabajadores, de los jubilados y de los empleadores.
