La sostenibilidad financiera de los sistemas de previsión social constituye uno de los desafíos más complejos y políticamente sensibles para los estados contemporáneos. En Paraguay, el problema reviste de una reforma estructural y urgente, sobre todo de la Caja fiscal, cuyo déficit se amplía anualmente dejando otros importantes ámbitos sin financiamiento. Además, la forma en que se financia actualmente, con recursos públicos, contribuye a la desigualdad en Paraguay, ya que gran parte del déficit se cubre con recursos de un sistema tributario basado en impuestos indirectos en un país donde solo el 20% de la población ocupada se encuentra aportando a algún mecanismo jubilatorio.
La necesidad de una reforma responde a un diseño institucional que, en palabras del propio ministro, combina “una edad mínima baja, un cálculo de haberes sobre pocos años de aporte y un esfuerzo contributivo reducido”, a eso hay que agregarle sectores con exagerados privilegios que además de contribuir al déficit de manera sustancial, definen desigualdades injustificables.
Estos factores generan un desequilibrio actuarial crónico. El sistema promete beneficios generosos –una alta tasa de reemplazo– financiados con contribuciones relativamente bajas durante un periodo de aporte corto, mientras la esperanza de vida aumenta. El resultado es un déficit que debe ser cubierto con transferencias anuales del Tesoro Nacional, desviando recursos públicos que podrían destinarse a inversión en salud, educación o infraestructura.
La reforma que se está diseñando, al parecer, es un ajuste paramétrico dentro del marco del sistema de reparto (donde las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados).
Los cambios que se plantean son el aumento de la edad mínima al momento de jubilación, el aumento del porcentaje de aporte, la reducción de la tasa de reemplazo y limitaciones para el retiro anticipado de policías y militares. Dado que se espera que los cambios paramétricos sean moderados, probablemente solo terminarán reduciendo el ritmo del déficit y no garantizando la sostenibilidad del subsistema para quienes ya estén aportando. Una reforma parcial, si bien pragmática, enfrenta desafíos estructurales, demográficos y de credibilidad que pueden limitar severamente su eficacia.
Una reforma que solo modera parámetros, sin abordar una transformación profunda como una revisión integral de todos los regímenes especiales, la integración del subsistema público en uno de amplio alcance que incluya a toda la población o que al menos incorpore tempranamente a cualquier funcionario público independientemente del tipo de contrato solo dará un respiro temporal.
Paraguay se enfrenta a cambios demográficos muy fuertes. La esperanza de vida está aumentando y la tasa de fecundidad disminuye, lo que altera la proporción entre cotizantes y pensionistas. Además, la salud del sistema en su conjunto depende de la formalización laboral y del crecimiento económico sostenido, variables sujetas a ciclos y shocks externos. Una reforma moderada no está acorde con los cambios estructurales que se están dando en la sociedad o, con aquellos que no se dan, como la generación de empleos formales en el sector privado.
Los desafíos demográficos, actuariales y de equidad son de tal magnitud que una solución moderada solo será un paliativo y no una respuesta que proporcione seguridad a jóvenes y adultos que están en plena etapa laboral. La verdadera prueba para el liderazgo político no estará solo en la aprobación de esta reforma, sino en su capacidad para comunicar con transparencia que esta es probablemente solo la primera fase de un ajuste más profundo e inevitable, ya que no se resolverá el problema de fondo.
