Meses más tarde fue capturado Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, un paraguayo que supuestamente ostentaba el rango de “jefe de disciplina” del Primer Comando da Capital (PCC) en la frontera. El entonces fiscal antimafia Marcelo Pecci lo acusó de ser quien organizó el atentado y proveyó de armas y logística a los asesinos.
El proceso tuvo un problema desde el inicio: se realizó en Pedro Juan Caballero, en donde manda el crimen organizado. Varios juicios de este tipo ya se realizaron en Asunción, incluso en sede policial, con un tribunal especializado en la causa y otorgando suficiente seguridad al fiscal.
Al término del juicio oral el fiscal Andrés Arriola, quien quedó a cargo luego del homicidio de Pecci, solicitó una pena privativa de libertad de 14 años para Cachorrão, único acusado del caso.
Llamativamente, el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Carmen Silva Bóveda e integrado por las juezas Ana Aguirre y Mirna Carolina Soto absolvió a Cachorrão.
En una nerviosa argumentación, la jueza Silva Bóveda culpó a la Fiscalía de no lograr destruir la presunción de inocencia del acusado y de ensañarse con él, dejando de lado a otros autores intelectuales del crimen. Dejó entrever que el Tribunal los conocía, sin aclarar quiénes eran.
También sostuvo que las imágenes en circuito de cámaras que muestran al vehículo usado en el atentado ingresando a la casa de Cachorrão, presentadas por el fiscal Marcelo Pecci y la Policía, fueron manipuladas.
Rarísimo todo. Habrá que esperar la argumentación escrita, a ver si se entiende mejor.
En la vereda de enfrente, el fiscal Andrés Arriola denunció la actuación sospechosa del Tribunal. Que, por ejemplo, prescindió de convocar de nuevo a ocho testigos que no se presentaron, pese al pedido de la Fiscalía.
También fue insólitamente rechazada la pericia del celular de Waldemar Pereira que había sido incautado de su celda, en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, en 2021. Con eso se podría demostrar su vinculación con el PCC y los narcos de la frontera. Esta pericia, aceptada en la audiencia preliminar, fue denegada por estas juezas porque “el usuario estaba identificado en los mensajes como Cachorrão y no con el nombre real de Waldemar Pereira”.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay, acostumbrado a que el 90% de los casos de periodistas asesinados en este país queden impunes, eligió palabras educadas. Calificó el actuar del Tribunal como “sospechosamente benevolente con el acusado” y el trabajo de la Fiscalía como “negligente por no investigar adecuadamente el hecho”.
Como sea, las magistradas ordenaron la inmediata liberación de Cachorrão, quien no estaba presente en la sala pues, por motivos de seguridad, se encontraba recluido en la Agrupación Especializada de Asunción, desde donde observaba todo de manera telemática.
Luego de las felicitaciones correspondientes, fue llevado al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, donde fueron verificados sus datos informáticos. Todo estaba en orden. Así que, en breve pero emotiva ceremonia, fue dejado en libertad. No habían pasado tres horas de la absolución de la jueza Silva para que Cachorrão estuviera libre como el viento. Justicia rápida, aunque no barata, la paraguaya.
Solo que no todo estaba en orden. Al día siguiente se supo que, en realidad, tenía una orden de captura pendiente del Brasil desde hace un año por robo y muerte. La tenían escondida. Ahora se tiran el fardo la Policía Nacional, Interpol y el Ministerio Público. Todos ponen cara de tontos. Y ninguno de ellos lo es. Por lo menos, gratis. Se les fue Cachorrão, un buen cliente.