La presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay e integrante de la Comisión Escrache Ciudadano, María Esther Roa, anunció que intentarán, una vez más, instalar el tema de la pérdida de investidura del senador Víctor Bogado.
La abogada señaló que este lunes tocarán las puertas de varios referentes políticos a fin de que el Senado trate de nuevo la pérdida de investidura de Víctor Bogado, tras la condena aplicada por el caso de la niñera de oro.
Según Roa, con base en el argumento expuesto por el Tribunal de Sentencia, quedó comprobada la existencia de un hecho fehaciente de tráfico de influencias en la contratación de Gabriela Quintana en la Itaipú Binacional.
Para la letrada, también existieron elementos suficientes para una condena por estafa, sin embargo, los dos fueron absueltos de culpa y pena por este delito, al igual que el ex jefe de Gabinete Miguel Pérez.
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“Primeramente, voy a ir junto al presidente del Congreso (Silvio Ovelar) hasta agotar todo el proceso del diálogo. Si no hay avances y ninguna posibilidad, vamos a las instancias finales, que son los escraches”, apuntó.
En ese sentido, dijo que buscará alianzas con otras organizaciones civiles, de modo que se unan fuerzas para presentar la nota.
“La lucha necesita una alianza desde la ciudadanía. Si nos aliamos contra los enemigos de la democracia, vamos a ganar. Las convocatorias buscan restablecer el orden”, refirió.
Víctor Bogado y Gabriela Quintana fueron hallados culpables, este viernes, por cobro indebido de honorario en calidad de coautores, pero fueron absueltos por el delito de estafa. Ambos tuvieron una condena con suspensión de pena, lo que los libró de la cárcel.
La niñera de oro era funcionaria de la Cámara de Diputados, donde cobraba G. 13.237.400 y a la vez firmó un contrato laboral con la Itaipú, con un salario de G. 8.339.300. El caso salió a a luz en el 2013, luego de una serie de publicaciones periodísticas.
Segundo pedido
A este nuevo pedido le antecede otra nota presentada en setiembre del 2018, por el mismo grupo de ciudadanos. En aquella ocasión también se solicitó la expulsión del diputado liberal Carlos Portillo, fundamentados en la pérdida de confianza hacia los mismos.
Portillo fue imputado por la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal, tras la difusión de audios que evidencian la supuesta intromisión política en casos judiciales tramitados en tribunales de Alto Paraná.
El primer legislador en perder su investidura fue Óscar González Daher, en diciembre del 2017, tras verse involucrado en la rosca corrupta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Primeramente, fue imputado por cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y asociación criminal cuando era titular del órgano.
Luego empezó otra investigación con respecto a la inmobiliaria Príncipe di Savoia SA, que figuraba como titular de varios inmuebles en estado de evasión de impuestos. Esta empresa era de González Daher, sus hijos Óscar Rubén y María Emilia, además del juez Juvencio Torres.
Por este caso fue procesado por enriquecimiento ilícito y guarda prisión preventiva desde hace casi ocho meses.
El oviedista Jorge Oviedo Matto también estuvo en el ojo de la tormenta y, antes de correr la misma suerte, pidió renunciar y se lo aceptaron.
