–¿Por qué el cartismo habla de un supuesto descontrol de las OSFL, cuando que existen varios mecanismos actuales?
–Las OSFL están registradas en la Dirección General de los Registros Públicos. Las asociaciones reconocidas de utilidad pública, además, obtienen sus personería jurídica por decreto del Poder Ejecutivo, al igual que las fundaciones. Todas están inscriptas en el RUC y pagan impuestos (IVA y renta). Están registradas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de conformidad con el art. 282 del Código Sanitario. Están registradas en la Seprelad, tienen la obligación de justificar con documentos el origen del dinero que reciben del exterior y tienen la obligación de generar reportes de operaciones sospechosas. Están en el registro de beneficiarios finales del MEF y, como toda persona jurídica que tiene personal, están inscriptas en IPS y el Ministerio de Trabajo. También en las municipalidades en donde tienen sede y/o sucursales. Quienes proveen servicios al Estado están registradas en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En fin, el control estatal es intenso, y más intenso que para la mayoría de las sociedades comerciales.
–¿Cuál es, a tu criterio, el trasfondo político?
–Creo que hay una sumatoria de factores. Creo que no es casual que uno de sus principales impulsores haya promovido la vinculación con Hungría, cuyo primer ministro está fuertemente relacionado con Putin. Es probable que por sus aspiraciones personales imagine que con esta propuesta de neto corte autoritario y otros proyectos similares podría generarse una suerte de contrapeso geopolítico. Por otra parte, otros de sus impulsores han manifestado la vinculación una o dos organizaciones con la política partidaria, sin mayores especificidades. En un caso puntual, también advertí la animadversión de uno de los senadores (no colorado) contra una de las organizaciones por haber realizado una investigación tomando como base sus declaraciones juradas. Ahora se habla de prevención del lavado de dinero cuando Gafilat mencionó que el país tomó medidas específicas y que lo que antes era una observación ahora se trata de un tema que se considera “suficientemente cumplido”.
–¿Cuál es el fin?
–Claramente, estos motivos tienen una finalidad: anular a las organizaciones que tienen discursos y líneas de acción contrarias a la ideología –real o declamada–, intereses y hasta negocios de ciertos actores políticos que hoy tienen espacios de poder.
–¿Cuáles son los aspectos inconstitucionales?
–So pretexto de la transparencia, se pretende equiparar a las personas y a las organizaciones de derecho privado con órganos gubernamentales, usando derechos que tiene el pueblo para controlar al Leviatán estatal en su contra. La transparencia y la rendición de cuentas emanan del principio republicano de gobierno: el pueblo elige mediante el voto a sus representantes, quienes gobiernan legislando sobre la libertad de los individuos que componen el pueblo, sobre su patrimonio y sobre su honor (Poder Legislativo); aplicando y haciendo operativas esas leyes (Poder Ejecutivo) y resolviendo conflictos con base en ellas (Poder Judicial). Y hacen eso, además, con los recursos del pueblo. Es, por tanto, el Gobierno el que debe ser transparente y rendir cuentas a sus mandantes. Y para obligar al Gobierno a rendir cuentas, se tienen ciertos derechos fundamentales: la libre expresión, el acceso a la información pública, la manifestación pacífica, la petición y otros, y esos derechos se pueden ejercer en forma individual o colectiva, mediante el derecho de libre asociación. Controlar al gobierno es incidir en políticas públicas, que es lo que se pretende regular hasta hacerlo en extremo dificultoso.
–¿Cómo lo harían?
–Este proyecto prohíbe que las organizaciones gestionen recursos para trabajar en forma coordinada con el Gobierno mediante acuerdos. Si se lo quiere hacer, esos recursos deben ser transferidos al Estado, por más de que sean de origen privado, lo cual es una confiscación. Esa es una forma válida de incidencia, sensibilizando, capacitando, informando y opinando; eso no es ejercer ningún atributo de gobierno, que es exclusivo de los poderes del Estado. Además, el entramado de obligaciones administrativas, delegaciones legislativas prohibidas y sanciones desproporcionadas hacen que si bien no esté expresamente prohibido incidir (esto es, expresarse, manifestarse, peticionar, etcétera) nadie en su sano juicio quiera hacerlo: las sanciones a las organizaciones superan los 380.000 dólares y las sanciones personales, los 190.000. ¿Quién se va a exponer a esto cuando, además, ni siquiera se tiene certeza con qué obligaciones se deberán cumplir, ya que se deja abierta la posibilidad de caer en infracciones por incumplimiento de normas reglamentarias? Esa es una delegación legislativa expresamente prohibida por la Constitución, al igual que las sanciones desmedidas. Es un avasallamiento del Estado a la libertad de las personas.
–¿Podría generar esto el retiro de financiamiento a varias organizaciones?
–Se perderá casi toda la cooperación internacional, se dificultará el acceso al crédito internacional y el país se alejará considerablemente de las posibilidades ciertas que hoy tiene de alcanzar el grado de inversión. Estamos en una coyuntura crítica. O se frenan estos intentos de derivas autoritarias o habremos anulado las posibilidades reales de prosperidad futura.
–¿Cuál es la perspectiva del derecho internacional?
–Va en contra de lo establecido en la “Declaración de principios interamericanos sobre creación, funcionamiento, financiamiento y disolución de entidades civiles sin fines de lucro”, del Comité Jurídico Interamericano, aprobado por primera vez durante la presidencia del doctor José Moreno Rodríguez, en marzo de 2023 y recientemente enmendada, en marzo de 2024. El principio 6 de esta Declaración establece que las OSFL pueden cumplir funciones de objeto amplio y en materia de interés público y/o en beneficio de sus miembros sin más restricciones que las permitidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos ni interferencias ilegítimas o arbitrarias.
–¿Cuál es la lectura de esta situación por parte de las organizaciones civiles que se posicionaron en contra, y qué peligro representa esta ley potencial?
–Las organizaciones expresan la pluralidad de ideas del pueblo. No hay posiciones únicas, corporativas. Quienes defendemos los ideales de una democracia liberal plasmados en la Constitución, esto es, de una estructura estatal fundada en el reconocimiento de la dignidad humana, lo vemos como el intento más peligroso de alterar esa configuración constitucional.
–¿Qué peligro corre la democracia y la sociedad civil organizada con este tipo de políticas?
–De sancionarse y promulgarse el texto del Senado sin que sea frenado por la Corte, habremos pasado de la actual democracia imperfecta a un nuevo régimen autoritario.
