El ciudadano Diego Dirisio es investigado en el marco de operativo multilateral Dakovo por ser el supuesto responsable de las operaciones para el tráfico internacional de armas europeas, que terminan en manos de facciones criminales del Brasil.
Se trata del dueño de la empresa International Auto Supply (IAS), con sede en Asunción, en cuyo depósito fue encontrado un arsenal de guerra.
El fiscal Manual Doldán informó en conferencia de prensa que en Paraguay se encuentra vigente un pedido de la Justicia Federal del Brasil para una detención preventiva con fines de extradición contra Dirisio.
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“Nosotros hemos recepcionado, a través de los conductos de cooperación internacional, por vía diplomática, un pedido de la Justicia Federativa del Brasil con respecto a una detención preventiva con fines de extradición del señor Diego”, confirmó.
Indicó que el mandado de captura está vigente y que está siendo buscado no solo a nivel internacional, sino “profundamente a nivel local”.
Brasil lo vincula con 30 hechos asociados al crimen organizado
Flavio Albergaria, jefe de la Superintendencia de la Policía Federal en Bahía, indicó que Diego Dirisio está procesado en su país por cerca de 30 hechos por tráfico internacional de armas, organización criminal y lavado de dinero.
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Durante los tres años de investigación minuciosa “han probado” que Dirisio era el comandante que coordinaba todas las operaciones y realizaba las negociaciones directas de compraventa de armas “a conciencia de que iban a ser destinadas al crimen organizado”.
El empresario era el objetivo principal de las operaciones realizadas en Paraguay, ya que su lujosa vivienda fue allanada en horas de la mañana de este martes.
Su esposa, la ex modelo Julieta Nardi, también es buscada por las autoridades paraguayas.
Ambos se encuentran prófugos de la Justicia; no obstante, Doldán señaló que las operaciones siguen en curso.
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Red blanqueaba armas en Paraguay
Según las investigaciones, la red blanqueaba las armas en Paraguay, que finalmente terminaban en el mercado ilegal, negocio que movió casi USD 240 millones en los últimos tres años, según la Policía Federal del Brasil.
En la estructura están implicados empresarios, militares, funcionarios públicos y facciones criminales.
