Jair Bolsonaro defendió sus proyectos un día después de que una comisión de la Cámara Alta rechazara, por 15 votos contra 9, uno de los decretos ejecutivos presentados por el Gobierno de Brasil y pidiera su anulación en las demás instancias, ya que la iniciativa solo dejará de regir si así lo deciden los plenos del Senado y la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, la iniciativa propuesta por el jefe de Estado es inconstitucional y puede aumentar aún más la violencia en el país.
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“Los medios de comunicación dijeron que Bolsonaro fue derrotado en el Congreso, pero el que fue derrotado con esa decisión no fui yo sino el pueblo”, afirmó el líder ultraderechista en un pronunciamiento que transmitió en vivo en su cuenta en Facebook.
Bolsonaro recordó el referendo de 2005 en que la mayoría de la población brasileña rechazó la prohibición a la venta y la posesión de armas, y dijo que el Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva “traicionó” a los electores al no aceptar el resultado de la consulta.
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“Ahora son los mismos parlamentarios de siempre, los que se oponen al derecho de los ciudadanos a comprar un arma y dicen que el decreto es inconstitucional”, agregó el líder de la ultraderecha brasileña.
Los interlocutores del gobernante en la transmisión recordaron que en Estados Unidos se registran pocos asaltos a residencias porque todos saben que sus propietarios están armados y tienen el derecho a disparar para defender su patrimonio y su familia.
“Como presidente de la República tengo que buscar una solución para eso (la criminalidad) y por eso presenté el proyecto, así como el que permite a un ciudadano disparar en su residencia para defender su patrimonio sin que sea sancionado penalmente por ello”, afirmó.
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“Hoy el ciudadano de bien difícilmente consigue comprar un arma. Tan solo los malos ciudadanos están armados. Y esos dos decretos que reglamentan las leyes sobre armas permiten al ciudadano de bien, si lo desea, tener un arma en casa”, afirmó.
Los decretos generaron una ola de rechazo entre diversos sectores de la sociedad, incluidos organismos de derechos humanos, y están además pendientes de análisis en la Corte Suprema de Justicia, ante la que tanto la Fiscalía General como algunos partidos políticos lo denunciaron por su supuesta inconstitucionalidad.
La primera medida fue anunciada en mayo pasado por Bolsonaro, quien en la campaña electoral de 2018 tuvo entre sus banderas la liberación de las armas y mayor rigor frente a la delincuencia, que cada año causa en el país unas 60.000 muertes.
Aunque Bolsonaro dijo una y otra vez que portar armas es el “deseo” de la “mayoría de los ciudadanos de bien”, unas recientes encuestas detectaron una tendencia mayoritaria en contra de esa posibilidad.
La última fue publicada este mismo mes por el instituto Ibope y dice que el 73% de los brasileños se opone a la flexibilización tanto de la venta como al porte de armas, que permitiría a los ciudadanos circular por las calles con pistolas o revólveres.
