Yunis aclaró que el BCP mide la evolución de los precios, no el costo de vida, y abordó los cuestionamientos sobre el rol del BCP como juez y parte en el control de la inflación.
“Se planteó en algún momento el cambio de organismo encargado de elaborar el IPC. Ahí el ejemplo está en la región, algunos institutos de estadística donde no hay mucha institucionalidad esto puede llevar un poco a debilitar el indicador”, alegó.
En ese sentido, recordó que el IPC mide la variación promedio de precios en la economía y es “fundamental para nuestras decisiones de política monetaria y para calcular las cuentas nacionales a precio constante”, explicó Yunis.
Añadió que el BCP está abierto a que otras instituciones realicen el IPC, siempre y cuando se asegure la capacidad técnica y la defensa del indicador. “La discontinuidad de este indicador tan importante tendría un costo muy importante para el país”, enfatizó.
Yunis descartó cualquier secretismo en la elaboración de la nueva encuesta y mencionó que la institución está abierta a la participación de otros actores, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en la tarea de campo, atendiendo a que el porcentaje de inflación de un año es la base para el reajuste del salario mínimo.
“No es una cuestión de secreto, es una metodología internacional”, explicó.
Por otra parte, destacó que, a diferencia de la canasta básica, que se enfoca en determinar niveles de pobreza, el IPC se basa en una encuesta de presupuestos familiares que este año visitará a 1.300 familias.
El experto indicó que el proyecto, llevado adelante en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), implica la recolección de aproximadamente 14.000 precios para establecer el nivel de gasto de los informantes del IPC.
La encuesta abarcará la ciudad de Asunción y ocho distritos del Departamento Central, incluyendo Capiatá, Luque, Fernando de la Mora, entre otros.
