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Autonomía de Dinavisa es necesaria para certificación de la OPS, alega directora

La directora de la Dinavisa, María Antonieta Gamarra, descartó que la autonomía del Ministerio de Salud sea para cargos públicos, como lo denunciaron algunos diputados, y argumentó que es un paso fundamental para conseguir una certificación de la Organización Panamericana de la Salud.

María Antonieta Gamarra, titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), dependiente del Ministerio de Salud, señaló que el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados pretende dar autonomía a la dependencia, necesaria para la certificación como ente regulador, emitida por la OPS.

“Tenemos una observación de la Organización Panamericana de la Salud al respecto de la autonomía. Es en cumplimiento de eso (el proyecto de ley), ya que estamos en el proceso tan anhelado de obtener la certificación de autoridad regulatoria. Es fundamental, se necesita autonomía para muchas cosas. Las funciones no van a cambiar, más bien es ordenar la casa y que se no dé el poder de sancionar nosotros mismos”, argumentó Gamarra.

Sobre las denuncias de que se buscaba independizar la dirección para nuevos cargos públicos, dijo que quizás hubo una “confusión por el texto del proyecto que dice ‘crear’, pero esa es una palabra que la van a cambiar en el trayecto del estudio del documento”, alegó.

“En realidad lo que se crea es la autonomía de Vigilancia Sanitaria y, sobre todo, en la parte de fiscalización, control y sanciones. La Ley 1119/97 ya crea la Dirección de Vigilancia Sanitaria, con una estructura básica, con direcciones y departamentos”, explicó.

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Comentó que la dirección lleva funcionando desde hace más de 20 años. “Entonces, lo que ahora se crea es la autonomía financiera y en el sentido de las sanciones. De hecho se creó como un ente autárquico, pero faltaba el tema de la autonomía, esto para estar en consonancia con todas las autoridades regulatorias del mundo, porque en el mundo son agencias independientes”, resaltó.

Agregó que en América, solo Uruguay, que ya está en trámite, y Paraguay son los únicos en no tener entes reguladores en la concesión de registro sanitario.

Señaló que esto le da más objetividad a la autoridad regulatoria y que uno de los puntos cuestionados es que el Ministerio de Salud compra y también otorga el registro, siendo parte y juez.

Lamentó que el proyecto, que fue presentado en abril, haya sido instalado como una jugada apresurada del coloradismo cuando se tuvo mucho tiempo para analizarlo.

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“Lo estudiamos aquí, hicimos las modificaciones, porque ya nos parecía una estructura muy grande, entonces lo que hicimos fue adaptar a lo que ya tenemos, justamente para no aumentar, para no agrandar más el Estado”, precisó.

Dijo que todas las direcciones generales mencionadas en el proyecto ya existen actualmente y que lo único que se incorporó y que es muy necesario es el cargo de vicedirector, que pueda dar continuidad a los procesos de documentaciones cuando el director no se encuentre.

Indicó que la Dinavisa cuenta con edificio propio y con 140 funcionarios, y que quizás se tenga que contratar más funcionarios para fortalecer algunas cabezadas departamentales donde existe mayor permeabilidad del contrabando, pero aseguró que no serán 200 funcionarios como se dijo en sesión de Diputados.

Al respecto, sostuvo que la Dinavisa recauda entre G. 20.000 y 25.000 millones por año, con lo que se podrá autosustentar. “Recaudamos de acuerdo con los servicios que prestamos”, comentó la química farmacéutica.

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Sin embargo, reconoció la necesidad de mejorar la logística atendiendo que la función de esta dirección es fundamental. “Realmente necesitamos más fuerza, sobre todo con las redes sociales, donde se vende cualquier cosa. Nos pasamos sacando alertas de productos que no cuentan con registros sanitarios”, puntualizó.

Gamarra ocupó el cargo en mayo de este año tras el vaivén de denuncias por compras sospechosas de China e India.

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria sea una persona jurídica de derecho público, con carácter autárquico y patrimonio propio.

El principal punto de debate fue la estructura de la dirección que en principio iba a tener unas 15 vicedirecciones, más otras unidades, secretarías y consejos, pero que finalmente fueron aprobadas nueve direcciones generales.

Para los diputados opositores, esta propuesta es inoportuna atendiendo la intención del Gobierno de reformar el Estado y denunciaron que se trataría para crea nuevos cargos públicos para cupos políticos.

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