14 mar. 2026

Auditan las Fiscalías de Paraguarí

El Ministerio Público continúa con las auditorías aleatorias en el interior del país para evaluar la gestión de los fiscales y, principalmente, que las investigaciones no sean irregulares.

La Dirección de Auditoría llegó hasta las sedes fiscales de Paraguarí..jpeg

La Dirección de Auditoría llegó hasta las sedes fiscales de Paraguarí.

Foto: Ministerio Público.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó la auditoría en las sedes ordinarias 1, 2 y 3 de la Fiscalía de la ciudad de Paraguarí, a fin de “detectar problemas en la misión institucional y optimizar el funcionamiento del Ministerio Público”.

Además, el objetivo es evaluar el desempeño de los fiscales.

Fue designada la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal como responsable de la recolección de datos, medición y evaluación de resultados.

Auditorías en otras Fiscalías

En lo que va del año, el fiscal general ya había ordenado auditoría en las sedes fiscales de la ciudad de Villa Elisa y Coronel Oviedo.

En esta última ciudad, se indagan las unidades ordinarias y Especializadas de Delitos Ambientales y de Lucha contra el Narcotráfico.

El Ministerio Público había lanzando el compromiso de realizar las auditorías aleatorias hasta llegar a todo el país.

El objetivo es controlar el rendimiento de los agentes fiscales y funcionarios. Desde el Ministerio Público afirmaron que “el control de la gestión fiscal permite evaluar el rendimiento, con miras a mejorar el funcionamiento en el Ministerio Público”.

Más contenido de esta sección
Para los investigadores de la Policía Nacional, la gavilla se estaba reagrupando presumiblemente para perpetrar un nuevo atraco contra una entidad financiera ubicada en Ciudad del Este.
El Tribunal de Apelación Especializado ratificó las penas de 8 años de cárcel para el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa Burgos y de 6 años para el empresario Alberto Koube Ayala, a raíz del direccionamiento de licitaciones y del pago con una embarcación, según se probó en el juicio oral.
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso de casación, con lo que quedó firme la condena de 13 años de cárcel contra un hombre que mató a su vecino por una deuda de G. 40.000. El hecho se registró hace 24 años, el 21 de mayo del 2002, en Alto Verá, departamento de Itapúa. El condenado estuvo prófugo 22 años.
La audiencia preliminar para el caso del Operativo Berilo continuó hasta la tarde en los Tribunales ante el juez de Garantías Miguel Palacios. Las defensas siguieron con sus pedidos de extinción de la acción penal principalmente.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema concedió la medida cautelar para que el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y a un grupo de militares, para percibir al mismo tiempo su salario y su jubilación. Esto, en la acción de inconstitucionalidad que promovieron.