La denuncia hecha es innominada, con la intención de dejar en manos del Ministerio Público el trabajo de llegar a los responsables de supuestos hechos de corrupción y tráfico de influencias dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que involucra al presidente renunciante, Óscar González Daher, entre otras personas.
La decisión fue tomada luego de que se hayan difundido audios de conversaciones entre la agente fiscal Karina Giménez y un funcionario del Jurado de Enjuiciamiento, identificado como Raúl Fernández Lippman.
“Estas conversaciones giraban en torno a denuncias en el JEM que involucraban a la agente fiscal, a sus casos relacionados con el hermano del senador nacional Óscar González Daher y a otros casos que hacían subsumir la conducta de los mismos dentro de probables hechos de tráfico de Influencias; esos hechos dieron lugar a una causa que estás siendo investigada por la unidad penal a cargo de María José Abed”, dicta parte de la denuncia.
Ya el 14 de diciembre se viralizaron vía redes sociales varios audios relacionados con conversaciones telefónicas entre Fernández Lippman y varios interlocutores, entre ellos, el senador nacional Óscar González Daher y otros parlamentarios, que fuera difundida por Radio Cardinal días atrás.
En la denuncia, los legisladores Giuzzio y Petta agregaron que “en los audios se pueden escuchar claramente conversaciones entre el funcionario Raúl Fernández y, probablemente, el senador González Daher y de cómo deciden el destino de las personas, de sus casos, de los imputados, de los amigos que deben quedar impunes, de la necesidad de mantener en sus filas a determinadas personas, como el caso del contralor Enrique García, y otras que se beneficiaban en conseguir firmas de magistrados”.
Consideraron que estos hechos son gravosos y que ameritan la denuncia y un acompañamiento permanente para su esclarecimiento total. Pidieron a la Justicia iniciar una investigación seria y sancionar a los responsables.
Indicaron que lo sucedido puede constituirse como hechos punibles de tráfico de influencias u otros como cohecho y soborno, según la subsunción penal que se realice.
Además, los legisladores solicitaron al Ministerio Público que pida una copia certificada de los audios emitidos por Radio Cardinal a fin de requerir una pericia para identificar a las personas interlocutoras en los audios viralizados y llamar a declaración indagatoria a todos los participantes de los audios.
