Karina Gómez
CORDILLERA
Según la versión de la firma, el ingreso tenía como único fin realizar tareas rutinarias de limpieza y mantenimiento del predio, sin relación alguna con la operación del pozo ni con trabajos de reconexión de cañerías, como denunciaron los pobladores.
“Ayer (por el lunes pasado) fue solamente un jardinero con su cortacésped, rastrillo y herramientas básicas, acompañado por personal de guardia para abrir el portón. No hubo ningún trabajo de reconexión ni obras”, afirmó Diego Martín Verón, portavoz de la empresa en declaraciones brindadas tras lo ocurrido.
El acceso fue bloqueado por un grupo de vecinos que mantiene una vigilia permanente en el lugar, lo que derivó en el retiro inmediato del personal sin que se produjeran enfrentamientos.
“No tenemos ánimo de polemizar ni de confrontar. Cuando los vecinos impidieron el acceso, el personal simplemente se retiró”, indicó.
Petrohue insistió en que las tareas previstas no implicaban riesgos ambientales ni afectaciones a terceros, y que forman parte de sus obligaciones operativas y sanitarias como propietaria del predio.
Sobre la supuesta reactivación del pozo, el vocero de la firma insistió en que actualmente no se está extrayendo agua.
“Nosotros no vamos a reconectar los caños hasta que tengamos un acuerdo pleno con todos los actores: la Junta Vecinal, el Municipio, el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tenemos la medida cautelar, desde hace un tiempo, pero hemos tomado la decisión corporativa de no implementar el derecho que esa medida nos da, justamente porque queremos trabajar con la comunidad”, comentó.
“El pozo no está conectado –reiteró–. Los caños que estaban en la vía pública fueron retirados por terceros de manera unilateral y no están reconectados”, dijo.
Si bien la firma admitió que cuenta con una medida cautelar judicial vigente que le permitiría avanzar, aclaró que tomó la decisión de no hacer uso de ella. Por lo demás, echó por tierra que el pozo sea clandestino o ilegal y sostuvo que su perforación se inició con permisos municipales, inscripción ambiental y estudios técnicos correspondientes.
No obstante, el Mades emitió informes técnicos y resoluciones que señalan irregularidades en la perforación y advirtió que las obras carecen de estudio de impacto ambiental aprobado, e incluso ordenando el cese de actividades relacionadas.
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), a su vez, aprobó en noviembre de 2024 la habilitación de una aguatera privada vinculada al proyecto, lo que generó objeciones de la comunidad.
“Cuando surgieron las manifestaciones, el Municipio dejó sin efecto su autorización. Para resguardar nuestros derechos acudimos al Tribunal de Cuentas, pero no avanzamos con la obra ni sacamos un solo litro de agua”, explicó.
Anunció que en estos días continuarán dialogando con autoridades y actores comunitarios, mientras la vigilia vecinal en defensa del agua continúa activa en la zona.
