Mientras se realizaba la sesión extraordinaria en la Junta Municipal de Asunción, en la que se terminó aprobando un presupuesto con aumento de más de G. 1.200 millones en el grupo de gastos salariales, un grupo de jubilados reclamaba a gritos que se les paguen sus haberes jubilatorios.
La protesta se realizó en el primer piso de la Municipalidad de Asunción, frente a la Intendencia. Se contó además con la presencia de funcionarios de la Policía Municipal Fiscalizadora, que desde el mes pasado reclaman pagos atrasados por beneficios de fiscalizaciones.
“Estamos hablando de 15 salarios que dice el contrato colectivo que hay que abonarse al mes de haberse jubilado. Los compañeros, después de organizarse, reclamar, por lo menos consiguieron que haya un compromiso de pago mensual, pero ese pago inclusive se hace a fuerza del reclamo. Lastimosamente es lo que le toca a los compañeros”, aseguró Silvia Araújo, representante del Sindicato de Funcionarios y Obreros de la Municipalidad de Asunción (Sifoma).
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En total, se calcula que existen alrededor de 300 funcionarios jubilados que atraviesan por esta situación, según datos ofrecidos por la funcionaria Eli Martínez, también miembro de Sifoma. Martínez aseguró que los funcionarios que fueron a manifestarse, son personas a las que les cuesta mantenerse con sus ingresos.
“Son funcionarios jornaleros que se jubilan por IPS y que según nuestro contrato colectivo se les tiene que dar los 15 salarios, ya al jubilarse. Pero comprendiendo la situación de la administración, se llegó a un acuerdo de que iban a darle G. 10 millones. Le dan un mes sí, un mes no, a cada uno, pero no a la totalidad, ni a 100 jubilados se les pagó todavía”, contó.
En la cláusula 52 del contrato colectivo vigente, se establece que “el personal auxiliar que se jubile de acuerdo a las disposiciones del IPS, u opte por el retiro, recibirá en concepto de haberes de retiro la suma de 15 salarios, calculados sobre el salario básico que ganara al momento de retirarse”.
El mismo monto también está establecido para los funcionarios nombrados que renuncien al cargo por reunir los requisitos de la jubilación. En ambos casos, se indica que el pago deberá realizarse “en un plazo no mayor a 30 días”.
Tanto funcionarios como jubilados alegan que las autoridades municipales evaden dar una respuesta a los afectados. Sostienen que se les prometen desembolsos, pero estos nunca se efectivizan como corresponde. También aseguran que hay opacidad en la difusión de la lista oficial de los afectados por la falta de pago de los haberes.
“Tienen un apoyo familiar, tienen la jubilación de IPS, pero eso no es suficiente. Son personas de la tercera edad con varios problemas. Inclusive ahora están viniendo algunos que están internados, con problemas cardíacos, y traerles acá es un peligro”, observó Martínez.
Añadió que los jubilados necesitan saber si la administración de Luis Bello puede comprometerse a realizar el pago o si finalmente se tendrá que tratar con la nueva administración, que será encabezada por la intendenta electa, Soledad Núñez.
Alberto Bogarín, uno de los afectados que acudió a la manifestación, aseguró que hace ya unos dos años que le tienen esperando para darle el pago contemplado en el contrato. Calculó que en su caso, el monto adeudado asciende a unos G. 60 millones.
“Esto creo que viene a desvirtuar un poco aquellas afirmaciones de colegas y directivos de que no se le adeuda a nadie. Eso es mentira. (Hay) un universo gigantesco de compañeros jubilados y activos a quienes se les adeuda beneficios contemplados en el actual contrato colectivo. Estamos hablando de los compañeros jubilados, ¿qué pasaría si un día le convocamos a los compañeros que hace dos años también presentaron su título con la esperanza de cobrar? Acá estaríamos todos los días de guerra si tuviésemos esa actitud”, señaló por su parte Araújo.
El pasado 3 de septiembre, un grupo de fiscalizadores de la Municipalidad exigieron que se desembolse un pago atrasado de alrededor de G. 300 millones por comisiones adeudadas, según informó la representante de Simuca, Gladys Galeano.
La situación, según la sindicalista, fue resuelta luego de que se aclarara que el pago se autorizó días atrás y que este se retrasó por un error en la planilla de los funcionarios. El error, como indicó Galeano, consistió en que se incluyó a un funcionario fallecido dentro de la planilla de cobro.
Funcionarios municipales temen jubilarse
Son numerosos los testimonios de funcionarios municipales que aseguran preferir no acogerse a la jubilación por distintas razones, entre las que resalta la pérdida de los beneficios ganados con la antigüedad y también la precariedad en la que se les somete a los jubilados de la Comuna.
Desde la Dirección de Aseo Urbano, aseguran que sus sueldos no sufrieron ninguna modificación desde hace años, y que hay personas que no llegan a ganar el sueldo mínimo. Los funcionarios acostumbran seguir trabajando pese a contar con la edad necesaria para la jubilación, pero sus condiciones de trabajo son insalubres y provocan que su nivel de vida disminuya y empeore con el correr de los años.
Silvia Araújo, representante de Sifoma, subrayó que la mayoría de los funcionarios operativos no alcanzan el salario mínimo legal. “Los compañeros del sector operativo están trabajando en lugares declarados insalubres. Mensualmente, encima de su salario base cobran un 20% de bonificación por insalubridad, por ejemplo, y esa insalubridad es justamente para que puedan complementar las prestaciones sociales por la exposición que tiene el trabajo en sí. Son personas que tienen un promedio de vida muy inferior al resto de las personas”, observó.
La funcionaria incluso advirtió que existen compañeros suyos en Vialidad que se jubilan a los 55 o 60 años, pero que “no viven en promedio más de 4 o 5 años”. “Eso es a consecuencia de la exposición en el trabajo, la manera que realizan su trabajo con contaminantes que le afectan el pulmón y demás”, apuntó.
